Constitución y reformas

Un 5 de febrero, pero de 1917, se promulgó el documento que contiene el mayor contenido utópico que yo haya leído en mi vida. Me refiero a nuestra Carta Magna vigente. A diferencia de la Constitución de Estados Unidos de América que tiene 7 artículos, la mexicana tiene 136. Dice Ferdinand Lasalle en sus reflexiones sobre lo que es una Constitución, que la esencia de ésta es la suma de los factores reales de poder que rigen en un país. Tal vez por esta razón nuestra Constitución es muy amplia, ya que a la mayoría de los mexicanos nos gusta todo muy explícito, muy franco, entonces, para que no haya duda, hemos hecho de cada artículo constitucional un verdadero tratado. Si tienen alguna duda de lo que digo, vean el artículo 41, o el 123 o el 73, por decir algunos. No obstante lo denso que puede resultar leer la Constitución sería muy positivo para fortalecer la cultura de la legalidad, que desde la educación primaria los niños fueran inducidos a conocer de forma más puntual el contenido y la historia de la Constitución. Claro que, si eso pasara, quizás no habría gobernabilidad posible porque los ciudadanos estaríamos en constante demanda de que se cumpliera lo que ahí se encuentra establecido.

Por ejemplo, el artículo primero constitucional, que fue reformado en 2011 a partir de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos por el caso Rosendo Radilla. Aun cuando la reforma impactó hasta la forma de procurar justicia de jueces y magistrados, la impunidad prevalece sin importar de qué color político es el Presidente de la República. De esta forma, podemos revisar temas concretos como el de los feminicidios. Año con año crecen y no se pueden frenar porque, aunque el artículo primero mandata al Estado mexicano garantizar la no discriminación, tienen que crearse las herramientas adecuadas para lograrlo. Si el delito de feminicidio tiene su origen en la discriminación contra las mujeres, cumplir la letra constitucional significaría que este delito debería estar disminuyendo en lugar de crecer.

No obstante la anterior reflexión, la Constitución es la base organizativa de cualquier nación y la mexicana no es la excepción. En ese contexto, reformar la Constitución se vuelve el objetivo principal en cada sexenio porque, con ello, se pretende sentar las bases de la transformación que, desde el punto de vista ideológico de quien llega a la Presidencia, es la que necesita el país. Pero, desde el año de 1997 que el PRI ya no fue hegemónico dentro del Poder Legislativo, reformar la Constitución ya no es tan sencillo. Se requiere construir acuerdos no sólo por el mayor pluralismo, sino porque también existe una mayor conciencia dentro de las fracciones parlamentarias respecto a que no todo se debe reformar sino, la mayoría de veces, hay que cumplir lo que dice la Constitución (con políticas públicas, presupuestos y leyes) para transformar y mejorar la vida de los ciudadanos.

En ese contexto están las iniciativas de reformas que se pretenden hacer en el ámbito del sector eléctrico que, a decir de especialistas sobre el tema, sólo vendrían a empeorar la situación de crisis que ya se empezó a sentir con los apagones, por ejemplo. Pero también, hay otros actores que están conscientes de la importancia de vigilar los cambios constitucionales, me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta semana propinó un revés al Poder Ejecutivo a propósito de la política de confiabilidad de la red eléctrica promovida por la Secretaría de Energía y cuestionada por la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo mismo puede pasar con la pretensión de regular las redes sociales, tema que parece una cortina de humo para no discutir lo que ahora es fundamental: cómo garantizar la vida de los mexicanos ante la pandemia.