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Autonomía de Inmujeres contra feminicidios

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

A pesar de que durante el periodo de confinamiento algunos delitos de alto impacto disminuyeron, los de violencia contra las mujeres se incrementaron. Así lo revelan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a junio hubo 473 feminicidios contra 471 y 416 del mismo periodo del 2019 y 2018, respectivamente. Además, de enero a mayo hubo 108,778 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, lo que representa 35 mil más que el año pasado (73,902).

Aun así, el 15 de Julio, la Junta de Gobierno del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) aprobó un recorte de 151.9 millones de pesos de los capítulos 2000 y 3000 del organismo (gastos de operación) con 13 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Por otra parte, de acuerdo con diversas organizaciones, la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim) informó que se reduciría el 100% del presupuesto asignado para la operación de Alertas de Violencia de Género (AVG). Hasta este momento, 18 entidades tienen declaratoria y se han presentado peticiones para incluir municipios de otros 4 estados. Si se aceptan, habrá 22 entidades declaradas como zonas de peligro para las mujeres, es decir, ya no es una alerta, sino una normalidad que no cambia y que crece mes con mes y año con año, sin importar si gobierna la derecha, el centro o la izquierda.

La Constitución Mexicana es una de las más garantistas del mundo, reconoce derechos humanos, sociales y políticos que otras naciones no hacen. Sin embargo, tiene que haber leyes reglamentarias, presupuestos etiquetados y políticas públicas con programas de gobierno y rendición de cuentas para que se garanticen esos derechos. Eso es lo que se estuvo construyendo en los últimos 20 años, gracias a la creciente presencia femenina en el Poder Legislativo. Desde el 2001, cuando se publicó la Ley del Instituto de las Mujeres, los cambios formales han sido constantes y se han aprobado otras leyes para garantizar la igualdad y no violencia contra las mujeres. También, cada año, se ha etiquetado un presupuesto que creció exponencialmente desde el 2008 y hasta el 2018 (26 mil millones de pesos), para implementar acciones de igualdad de género. En el sexenio pasado se incluyó la igualdad de género como uno de los tres ejes de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo. Se aprobó la paridad política constitucional y, además, se reglamentó la Declaratoria de AVG como un protocolo único en el mundo.

Aun con todas estas herramientas, en el 2017 y 2018, según datos de la Cepal, México ocupó el segundo lugar con más feminicidios en la región de América Latina y el Caribe. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres sigue creciendo porque el modelo institucional y formal tiene grandes fallas y no ha podido frenar y revertir la poderosa normalidad de la cultura patriarcal y machista que la motiva. Esto se refuerza a partir de la falta de comprensión o la negación del fondo del problema por parte de algunos de los actores de poder político que dirigen la República y que demuestran la falta de empatía con la lucha femenina. Otro factor es el de la impunidad y la falta de procuración de justicia, porque a pesar de que se incrementa el número de feminicidios, los datos de sentenciados por ese delito, nos demuestran que no se castiga ni al 10% de los responsables.

En ese contexto, el Poder Legislativo, conformado paritariamente por primera vez en su historia, se convierte en el principal responsable de revertir esta terrible situación. En primer lugar, porque las legisladoras no pueden estar ajenas a la problemática del sector femenino. Ética y moralmente, están obligadas a la sororidad y a buscar soluciones para garantizar el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia. En segundo lugar, porque es indispensable que, a partir de su función de contrapeso, el Poder Legislativo revise profundamente el modelo que se ha implementado para combatir la violencia contra las mujeres y defina cuáles son las fallas y cómo se pueden resolver. Un ejemplo de ello puede ser la transformación del Inmujeres de organismo público descentralizado a órgano autónomo. Este órgano autónomo tendría recursos propios para impulsar una política de Estado que incluye absorber las funciones de la Conavim, coordinar las acciones que se realicen en los tres poderes de la nación y desde los tres ámbitos de gobierno.

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