65 años del voto femenino y lo que falta

Estos números son muy significativos por la presencia femenina, pero también porque ha quedado demostrado que a mayor número de mujeres en el poder público, mejores posibilidades de impulsar agendas de igualdad de género. El incremento porcentual de mujeres ha impactado en la aprobación de determinadas leyes y cambios constitucionales: 2001 se votó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 2006, la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres; 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde diciembre de 2007, cada año se incluye en el decreto de presupuesto un anexo especial para impulsar una política pública de Estado para generar una nueva cultura de la igualdad. Dicho presupuesto ha crecido de ocho mil millones a 26 mil millones de pesos. Ha servido para dar mayor atención a las mujeres en temas de salud, de generación de empleo, de mayores herramientas para procurar justicia y hasta para generar una transformación en instituciones como el Ejército mexicano y la Marina. También, en 2014, se incluyó la paridad política en la reforma del artículo 41 constitucional, gracias a la cual, en estos últimos tres años, ha crecido exponencialmente el porcentaje de mujeres en los cargos populares.

Lamentablemente, la construcción de una cultura de la igualdad y la no discriminación femenina no se logra ni por decreto ni sólo por tener un mayor número de mujeres en los espacios de poder. No basta tener un mayor porcentaje de mujeres en las representaciones políticas, se tiene que seguir impulsando una agenda que permita construir políticas públicas eficientes y eficaces para erradicar problemas que han crecido en la última década, por ejemplo, el de la violencia cotidiana que pareciera que se ensaña con mayor fuerza contra las mujeres, pero que es un fenómeno multifactorial. Son emblemáticos los casos de feminicidios como el de la pareja asesina de Ecatepec, pero, a la fecha, se ha declarado alerta de violencia de género en 13 estados y ocho están a la espera. Las cifras en feminicidios, de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y proporcionadas mes a mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas, son así: 2015: 1755; 2016: 2210; 2017: 2258 y de enero a junio de 2018: 1299 mujeres asesinadas, más los feminicidios que se acumulen en el segundo semestre. Pese a que algunos de estos datos pueden ser erróneos (en algunos estados se califican feminicidios todos los asesinatos violentos contra mujeres), la cifra es escalofriante y en casi todos los casos se circunscribe en el ámbito de la violencia generalizada que existe en diferentes regiones del país.

Durante décadas, las mujeres han demostrado que ningún otro sector puede actuar más organizado y unido, por lo que es momento de puntualizar en un trabajo de revisión y control de las acciones que se realizan para frenar la violencia. Aunque ayuda, no basta protestar, se tiene que actuar desde los espacios de poder que han ido ganando las mujeres. Desde el Poder Legislativo se puede revisar cada programa por medio de indicadores y de gasto público del Poder Ejecutivo para frenar y erradicar la violencia. Y desde los municipios que son gobernados principalmente por mujeres se tienen que impulsar programas que sean ejemplo de buenas prácticas para combatir la violencia e inseguridad.

Hay otros temas que preocupan y pueden ser detonantes de esa violencia, como el de la pobreza y la desigualdad, por lo que es momento de que las mujeres se unan, como lo han hecho siempre, para que retomen la agenda de los grandes problemas de Estado. Sin seguridad y con violencia, no habrá paz ni democracia que perdure.