¿Capturar líderes o dineros?

En círculos de expertos en seguridad nacional y seguridad pública se está dando, desde hace varios años, una discusión y debate acerca de las estrategias más adecuadas para combatir al crimen organizado.

Varios son los puntos de vista divergentes. En la medida en que el tema involucra el azote social de la violencia, las estrategias deben pasar por el filtro de la sensible reducción a la violencia, junto con el arrinconamiento al crimen organizado.

 A través de los años se estrenaron, a grandes rasgos, tres estrategias ante el crimen organizado. Pactar con el crimen fue la estrategia del PRI durante toda su historia en el poder hasta el 2000, enfrentamiento militar a partir del 2006 al 2012, conciliación social del 2012 al 2014 y, después de esa fecha, mucha confusión, algo de militarismo, un toque de conciliación y, finalmente, repliegue de las tropas a sus líneas defensivas: una suerte de Dien Bien Phu mexicano.

Hoy, el debate se va limitando a dos posibles campos de acción: capturar a los líderes de los cárteles o enfocarse a quitarles sus ganancias económicas.

El argumento para dejar de capturar a los líderes de los cárteles es que su captura genera, normalmente, un incremento en la violencia, mientras los nuevos liderazgos consolidan su lugar a la cabeza de los cárteles.

Recientemente, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública federal, anunció su intención de seguir por este camino: el gobierno de López Obrador dejará de tratar de capturar los líderes de los cárteles y se centrará en arrebatarles sus ganancias. El hecho de hacer un anuncio sobre un asunto de ese carácter estratégico llama la atención.

Primero, porque se escuchó, por entre los respiraderos del crimen organizado, un respiro de alivio.

Aparentemente, es un mensaje del nuevo gobierno a los líderes de los cárteles: vamos a negociar bajo otros parámetros. Dejar de ir contra los líderes y buscar, más bien, sus ganancias les crea un problema a los cárteles, cierto, pero les resuelve otro, más apremiante en lo diario: la persecución de las fuerzas federales e internacionales se disminuye significativamente.

Los cárteles saben lo difícil que es que el gobierno federal pueda quitarles partes sustanciales de dinero.

Los sistemas de lavado se han sofisticado y complejizado notablemente. Un informe reciente de la DEA consigna cómo el crimen organizado utiliza los bitcoins para lavar dinero, moverlo y evadir la persecución de las autoridades.

La PGR y la DEA han acordado acciones específicas para detectar y neutralizar estos instrumentos del lavado de dinero, que incluyen a la Secretaría de Hacienda, desde su unidad contra el lavado de dinero. Aun así, detectar y actuar contra el lavado es en extremo difícil y lento, teniendo que pasar por juicios legales complejos para congelar recursos de procedencia ilegal que se encuentran dentro del sistema financiero mundial.

No parecería ser lo más adecuado ni aconsejable estar anunciando públicamente políticas estratégicas de ese orden. A menos que la intención sea enviar un mensaje a quienes pudieran perturbar la paz pidiéndoles que disminuyan la violencia a cambio de darle un respiro de tranquilidad al gobierno entrante.

Esto implicaría un nivel alto de entendimiento entre líderes del crimen organizado y las nuevas autoridades. Hay que recordar que es lo mismo que hizo Peña Nieto, aunque sin anunciarlo, y el resultado fue que, aparentemente, hubo una baja a la violencia en los primeros 18 meses de su gobierno, que fueron aprovechados por el crimen organizado para reabastecer sus arsenales y consolidar sus finanzas para la nueva guerra que venía. Y esa guerra llegó, con más fuerza que nunca. Hoy la estamos padeciendo.

Más allá de los foros sobre la reconciliación nacional, el tema actual del crimen organizado es apremiante. Apresar a líderes y arrebatarles sus recursos económicos no son tareas excluyentes, sino complementarias. Ese sería un enfoque más certero como inicio del nuevo gobierno, asumiendo los riesgos que entraña.

                Twitter: @rpascoep