Plusvalía, Ley de Vivienda y corrupción

Gran revuelo ha causado la propuesta del jefe de Gobierno de incluir un cobro no especificado sobre la plusvalía que genera la compraventa de una propiedad en la constitución de la CDMX por las implicaciones de la propuesta y por la confusión que generó.

En un intento por defender la propuesta, el diputado constituyente del PRD Enrique Provencio explicó que el gobierno capitalino tiene el derecho democrático a tomar este tipo de decisiones.

En realidad el cobro de impuestos se justifica por la necesidad que tiene la ciudad no por una consideración democrática.

También, el jefe de Gobierno explicó que era una necesidad para la ciudad, sin dar la menor explicación del contenido y razón de ser de lo que sería un nuevo impuesto, más allá del gravamen que paga todo ciudadano a la hora de realizar una operación de compraventa de un bien inmueble.

Cada vez que hay una elección en puerta el PRD gasta enormes cantidades de recursos públicos para avanzar la causa de sus candidatos. Existen dos agujeros negros en el presupuesto, notables por su visibilidad.

Uno es el manejo de todos los fondos que recibe por la renta de los remanentes en toda la ciudad como los bajo puentes, el ingreso por concepto de anuncios espectaculares no incluidos en ningún catálogo, el alquiler de espacios públicos sin comprobante correspondiente. Otro hoyo negro de las finanzas de la CDMX es el subejercicio que se registra anualmente por parte de todas las dependencias y organismos autónomos de la ciudad. Los recursos no gastados automáticamente son devueltos a finanzas del gobierno central.

Este procedimiento favorece que al final de cada año finanzas centrales tenga una reserva de recursos cuyo destino no es reportado ante ninguna instancia fiscalizadora asegurándole un enorme monto de recursos públicos disponibles para uso completamente discrecional del jefe de Gobierno.

Para desviar esta discusión, la ALDF aprobó una Ley de Vivienda que define las mejoras que los desarrolladores e inmobiliarios tendrán que pagar a la hora de realizar un proyecto inmobiliario que trastoca los usos de suelo y las condiciones de infraestructura urbana de la zona. Se ha dicho que esta ley esclarece el tema de la plusvalía mencionada en el proyecto de la Constitución, pero en realidad son dos cosas completamente diferentes.

En la Ley de Vivienda se menciona el pago de mejoras para la infraestructura de la zona por el desarrollador inmobiliario, pero eso ya existe en la ley actual de la Ciudad de México. El debate no ha sido el pago por las mejoras, sino el hecho de que ese dinero normalmente no se aplica a la zona afectada sino que es tomada por el Gobierno central y aplicada en otros proyectos que él decide sin consultar con la comunidad.

Y este uso arbitrario de las cuotas de mejoras ha sido otro factor de inconformidad ciudadana al ver la construcción de grandes edificios sin las resoluciones necesarias de abasto de agua, drenaje, electricidad y resolución de los problemas de la movilidad. La nueva Ley de Vivienda tampoco resuelve el problema. Lo que subyace en la estructura fiscal de la Ciudad de México es un modelo expropiatorio y que no atiende las necesidades de la ciudadanía en general, pero si parece complacer las de un partido político.