Programas sociales a la Constitución

Los derechos sociales son una conquista resultado de luchas populares y revoluciones. Nuestro país tuvo que vivir el sangriento proceso de la Revolución Mexicana para que las demandas de sectores obreros y campesinos pudieran verse materializadas por vez primera en la Constitución de 1917, la primera en todo el mundo en consagrarlos.

Los derechos sociales se concibieron como una medida complementaria a la concepción liberal de los derechos humanos que aspiraban sólo a alcanzar la igualdad entre gobernados y gobernantes. Pero como las condiciones de las personas nunca son proporcionales, se buscó generar equidad. Trato desigual, para proteger en el marco de la ley a los más débiles.

El poder constituyente permanente está procesando una importante reforma que pretende adicionar al artículo 4º de la Constitución diferentes programas en materia de bienestar social. El proyecto ya fue discutido y aprobado por el Senado de la República y se ha turnado a las legislaturas de las entidades federativas para su consentimiento.

Se pretende elevar a nivel constitucional el compromiso del gobierno federal de mantener diferentes programas sociales que atiendan a grupos vulnerables de la población. Los cambios pretenden instaurar un sistema de salud que garantice la extensión de los servicios para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social.

Así mismo, aspira a garantizar la entrega de apoyo económico a personas discapacitadas, priorizando a los menores de edad, indígenas y afromexicanos, así como a personas en condición de pobreza. También se busca garantizar la recepción de una pensión para personas mayores de 68 años; tratándose de indígenas afromexicanos, el rango de edad será de 65 en adelante.

Por último, implementa un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, dando prioridad a los provenientes de familias pobres.

Si se toma en cuenta el presupuesto de casi 96 mil millones de pesos de la creación del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar y los recursos destinados este año para el resto de los programas sociales, significaría establecer un impacto presupuestario de más de 310 mil millones de pesos anuales.

La iniciativa del Presidente, y retomada por la Cámara de Diputados, se inscribe en el fortalecimiento del Estado de bienestar, que tiende a tratar de disminuir los riesgos sociales mediante la garantía de un mínimo nivel de vida.

Sin duda que el objetivo perseguido por esta reforma es noble, sin embargo, el fuerte impacto presupuestario y el compromiso que este cambio supondrá es profundo y nada sencillo de garantizar. Se trata de una obligación futura de carácter irreductible que el gobierno federal tendrá que asumir.

Elevar los programas sociales al rango de la Carta Magna sólo significará el primer paso para garantizarlos y tornarlos en una realidad venidera, pero se debe estar consciente que ello los transformará en derechos exigibles y que luego vendrán las presiones para que se conformen los medios de defensa para que sus violaciones puedan ser llevadas ante tribunales u órganos protectores de derechos fundamentales.

El Estado de bienestar se verá fortalecido. Ahora falta generar los recursos financieros que impondrá el compromiso adquirido por todas las fuerzas políticas representadas en nuestros congresos.

A manera de Corolario, una frase del escritor español Jaume Perich: “El porqué de la forma de las pirámides es muy simple: a medida que se iban construyendo se acortaba el presupuesto”.