Legalización de la mariguana

Estamos viviendo una época en donde se piensa que la sola promulgación de una ley es suficiente para modificar la realidad social. A diario, la academia recibe la noticia de publicaciones de reformas constitucionales o nuevas reglas jurídicas que surgen al mundo jurídico sin normas reglamentarias ni disposiciones presupuestales para su debida implementación.

Hace unos días, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a un menor de 15 años —con discapacidad múltiple y epilepsia resistente a fármacos— para poder acceder a un tratamiento de aceite de tetrahidrocannabinol (THC), un producto medicinal elaborado a base de cannabis.

La razón de dicha sentencia se basa en el hecho de que en junio de 2017 fueron publicadas reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que permitieron el uso medicinal de la cannabis, es decir, la mariguana.

Los artículos transitorios de las reformas señalaron un plazo de 180 días para que la Secretaría de Salud armonizara los reglamentos y normatividad necesaria para que se pusiera a disposición del público los derivados de esa substancia. El plazo venció el 16 de diciembre de 2017.

El fallo de la Corte ordenó a la Secretaría de Salud y a la Cofepris cumplir con el mandato legislativo para expedir aquellas disposiciones que permitieran el uso terapéutico, fijándoles un nuevo plazo de 180 días para efectuar dichos cambios.

Se trata de 69 derivados farmacológicos del cannabis que se ha demostrado tienen amplios usos medicinales y que no constituyen un problema para la salud pública, pero derivado de la ausencia de su reglamentación siguen siendo parte del mercado negro.

El tema tiene, también, una gran dimensión económica. Se calcula que el mercado global legal de mariguana podría alcanzar los 146 mil millones de dólares para el año 2025. Según datos ofrecidos por el Reporte Mundial de Drogas 2018, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México es el segundo país con mayor cantidad de producción de hierba de cannabis. Se trata, sin duda, de una ventana de oportunidad económica que no es posible ignorar más, siempre dentro del cauce del uso de la legalidad.

Esta semana, el gobierno de Estados Unidos —vía un memorándum— dio un plazo de 12 meses a las autoridades mexicanas para que incrementen sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles de la droga, advirtiendo que de no percibir mejoras en el combate al narco, retirará la certificación antidroga y detendrá la ayuda financiera bloqueando  préstamos de organismos multilaterales.

La Secretaría de Salud debe de manera urgente reglamentar el marco jurídico y comenzar a conformar las políticas públicas que vayan creando acciones educativas para prevenir a la población respecto de lo que parece inminente: la despenalización del consumo de la mariguana con propiedades terapéuticas pero también estupefacientes.

El gobierno federal debe tomar ya una decisión respecto al tema de la mariguana. Postergar e ignorar de nuevo su obligación contribuye al incremento de la violencia y la corrupción, que es el caldo de cultivo del crimen organizado, y que sin duda, promueve un negocio ilegal de miles de millones de dólares.

Lo peor, sin importar cualquier decisión, es que no se ha dado inicio a una campaña seria de prevención sobre los efectos dañinos a la salud que causa.

Como Corolario, la frase de la científica polaca Marie Curie: “En la vida no hay cosas que temer, sólo hay cosas que comprender”.