Ley de Seguridad Interior, impugnada

La vecindad con el país más rico y consumidor de drogas nos provoca, de manera importante, el flagelo del narcotráfico. Los grupos delictivos que se dedican a la siembra, trasiego y venta de narcóticos se han diversificado hacia otras actividades delictivas, con una fuerza real que desafía el imperio del Estado.

Hace once años —sin que mediara un análisis profundo y reflexivo— se decidió incorporar a las Fuerzas Armadas para realizar funciones de seguridad pública y combatir al crimen organizado. Desde entonces, no se ha creado un marco normativo que sustente la actuación de las fuerzas castrenses para desempeñarse en esas delicadas tareas.

El Ejército y la Marina Armada no están concebidas ni preparadas para realizar labores de policía ni ser agentes que se dediquen a la prevención del delito. Han sido determinantes para disminuir la ola de violencia y han ayudado al desmantelamiento de muchas bandas criminales, pero, de forma colateral, han sido blanco de críticas y ataques por algunos hechos en que sus miembros han hecho uso de la fuerza de manera excesiva.

La dependencia jerárquica de las Fuerzas Armadas con el Presidente ha sido obedecida con lealtad y disciplina. Sin embargo, la realidad política y jurídica que vivimos nos obliga constitucionalmente a observar las reglas que provienen de los tratados e instituciones internacionales de las que somos parte y se demanda su retiro de esas tareas. Motivo por lo cual los altos mandos militares exigen al gobierno que se les otorgue un marco legal que los proteja o, en su defecto, se ordene su retiro de las labores en las que se les ha estado utilizando al margen del derecho.

El proyecto de Ley de Seguridad Interior aprobado en la Cámara de Diputados y que pasó a la Cámara de Senadores ha causado gran polémica y críticas que provienen incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de diversas organizaciones sociales y académicas.

El proyecto de ley es ambiguo en sus conceptos y puede abrir la puerta a futuras violaciones de derechos humanos en el actuar de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta el amplio arbitrio que tendrían para determinar situaciones en las que intervengan, lo que pueden convertirse en una amenaza para el Estado de derecho.

Se trata de hacer legal la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas —que se dijo sería temporales— pero es omisa en muchos aspectos en materia de control, transparencia, rendición de cuentas, así como garantía y respeto a los derechos humanos.

Al mismo tiempo se han detenido las propuestas para profesionalizar a las policías y establecer mandos únicos o mixtos en las entidades federativas. Es decir, se baja la guardia en las políticas públicas para tener cuerpos policiacos adecuados y, en su lugar, se fortalece la presencia militar en las tareas de prevención del delito y combate a la delincuencia.

Si lo que se busca es proteger a nuestras instituciones militares, creo que la promulgación de esta ley puede generar efectos totalmente contrarios. Porque, de contar con estas facultades legales laxas e imprecisas, serán objeto de vigilancia, crítica y juzgamiento de parte de los organismos internacionales, como también de nuestra ciudadanía cada vez más demandante.  

Como Corolario, el pensamiento de Ulpiano: “Exagerar la fuerza es descubrir la debilidad”.