Rehabilitación social fracasada

En días pasados se suscitó otra riña en un penal. Esta vez, en el Centro de Reinserción Social de Acapulco que dejó un saldo de 28 reclusos muertos; lo anterior, evidencia —una vez más— la lamentable realidad que impera en estos centros. No hace mucho tiempo, en el Penal de Topo Chico, en Nuevo León, trágicamente perdieron la vida 49 personas, lo que parece ser el cuento de nunca acabar.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en meses pasados, presentó su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaría 2016”, en el cual se establece de manera clara cómo en nuestro país, en materia de reinserción social —entre otros rubros—, estamos reprobados.

Y es que los Centros de Readaptación Social son todo menos eso, ya que de todos es conocido que fungen —en el mejor de los casos— como escuelas del delito. Ante la carencia de políticas públicas de reinserción, los delincuentes procesados por delitos menores se contaminan con los más peligrosos, debido a las pobres condiciones con las que operan los penales.

El diagnóstico de la CNDH señala que la sobrepoblación y el hacinamiento en los centros penitenciarios tienen como consecuencia el surgimiento de graves problemas como la falta de control por parte de las autoridades y el surgimiento de autogobiernos o cogobiernos de estos centros; es decir, que los internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad.

Un dato revelador informa que durante 2016 surgieron 979 riñas en los centros penitenciarios del país, lo que significa en promedio 2.6 riñas al día; entre otras causas, por la aglomeración, ya que el diagnóstico revela que en algunos casos hay 30 personas conviviendo en un espacio destinado para cuatro.

Otro tema fundamental es la inexistente clasificación penitenciaria de los internos, que es motivo de toda serie de recomendaciones de parte de los organismos protectores de los derechos humanos de origen nacional e internacional. Lo anterior se interpreta en que cohabitan y conviven personas sujetas a proceso, con reos ya sentenciados; lo cual es contrario a cualquier idea de reinserción social.

El germen eterno de los problemas nacionales también tiene presencia en este tema: la corrupción. Enormes cantidades de dinero ilegal operan para que las autoridades penitenciarias acepten ceder o compartir el control de los centros con los internos en actividades tales como el manejo de llaves, la coordinación de áreas o la vigilancia de dormitorios, la introducción de drogas, armas o celulares al interior de los penales, ejerciendo así control sobre la población y creando privilegios.

Ahora que se comienza a echar la culpa al nuevo Sistema Penal Acusatorio por el incremento en las cifras que demuestran la comisión de más delitos debido a la salida anticipada de reos, habrá que preguntarse:

¿Cómo podemos esperar que la sociedad no vuelva a sufrir agravios por parte de las personas liberadas, si en lugar de trabajar para su reinserción se les trató de forma inhumana, se les dejó contaminar por peores criminales y, además, nada se hizo para prepararlos para su retorno a la vida en comunidad?

La esencia del nuevo sistema penal es precisamente la de evitar el ingreso a la cárcel de personas, antes de haberse demostrado su culpabilidad. Y con este sistema penitenciario, ¿quién se puede atrever a decir que esto es un error?

Como Corolario las palabras del enorme escritor ruso Fiódor Dostoyevski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.