Federalismo al banquillo

El éxito logrado por el gobierno federal en las negociaciones políticas para lograr reformas constitucionales estructurales, se ha empañado por sucesos que no estaban previstos.

A la hora de instrumentar las nuevas políticas públicas, por ejemplo, las de educación y seguridad pública, los gobiernos de algunas entidades federativas han sido omisos e ineficientes, en el mejor de los casos.

La franca negativa del gobernador de Oaxaca a asumir su responsabilidad de cumplir —y hacer cumplir— los nuevos preceptos constitucionales, en materia educativa, ha sido tolerada por el resto de la Federación.

Asimismo, los compromisos que los gobernadores han adquirido con el gobierno federal para depurar sus policías municipales y establecer un mando único; han quedado como sucedía en la Colonia: “Obedézcase, pero no se cumpla”.

La peor de las crisis hasta el momento, es la de los estudiantes normalistas muertos y desaparecidos a manos de las autoridades policiacas de Iguala, comandadas por un gobernador y un alcalde perredistas, cuyo desenlace es de pronóstico reservado.

Ante este desorden político, el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, hace unos días, en su columna, lanzó una incisiva pregunta: ¿no valdría la pena revisar este disfuncional federalismo nuestro?

Y la respuesta es afirmativa; porque los hechos demuestran que el actual marco constitucional no permite —ni garantiza— una eficiente colaboración entre los tres distintos niveles de gobierno.

Del análisis del texto de nuestra Carta Magna, se deduce que no existe una relación de supraordenación legal del gobierno federal hacia los de las entidades federativas. En otras palabras, el Presidente, gobernadores y el jefe de Gobierno del DF son entidades autónomas, electivas e independientes.

La relación de coordinación —o mejor dicho de subordinación— entre las entidades federativas y el gobierno federal, no está establecida en el texto de la Constitución.

La razón política, es de carácter metaconstitucional, como solía decir el maestro Jorge Carpizo. Se basa en la preeminencia y facultad del Presidente —dentro de su Partido— para asumir el mando político del resto de los funcionarios priistas de todo el país.

La segunda causa poderosa, es de carácter económico. Las participaciones presupuestales federales representan 80% —o más— de lo que gasta cada entidad federativa.

La Federación no ha querido hacer corresponsable a las entidades federativas de participar en el cobro de los impuestos federales; y estas autoridades, han caído en la comodidad de esperar que les lleguen los recursos desde el centro, para gastarlos a manos llenas. Pero, existe un principio histórico: el que paga, manda.

Durante los 12 años de presidentes de extracción panista, los gobernantes de las entidades vivieron su época de gloria. No fueron sometidos al poder presidencial; recibieron cuantiosísimos recursos; designaron a sus sucesores; sobre endeudaron a sus gobiernos y adoptaron una relación retadora hacia el gobierno federal.

Esta relación perversa de dependencia económica, pero al mismo tiempo, de una supuesta libertad y autonomía —que se niega incluso a rendir cuentas— está hundiendo al país; debido a la falta de coordinación y esfuerzos compartidos entre las instancias de gobierno.

Deberemos construir un federalismo participativo y corresponsable. Urge revisar el texto de la Constitución y definir una real distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. Al mismo tiempo, la Federación debe tener recursos legales en contra de quien actúe como un autoritario intocable.

Como Corolario, conviene recordar que el Diccionario del Diablo define a esa actitud de confort de los gobernadores como: “Estado de ánimo producido por la contemplación de la desgracia ajena”.