Una vara para Guerrero y otra para Nuevo León

Cuando se escriba la historia del proceso electoral de 2021, la manera en que López Obrador opinó sobre los comicios para gobernador en Guerrero y Nuevo León dará cuenta clara que su talante no fue democrático, sino sectario.

Lo más apropiado, considerando la historia política del país, es que el mandatario hubiese abjurado de interferir en las elecciones. Pero como decía yo ayer, no sólo se metió, sino que alardeó de ello. Aun así, demos por buena la afirmación presidencial de que se sintió obligado a “denunciar como ciudadano” las violaciones al orden legal que atentaban contra el voto libre.

El problema es que sus actos de injerencia en los comicios de Guerrero y Nuevo León se contradicen entre sí.

En el primer caso, el Presidente ha sostenido que debe ser el pueblo el que decida. Con ese argumento, puso oídos sordos a las denuncias de violencia sexual que distintas mujeres –incluso militantes de su partido– lanzaron contra Félix Salgado Macedonio. Y sostuvo que la decisión sobre si era apto para gobernar el estado debía ser del electorado guerrerense.

Luego, cuando Salgado Macedonio perdió la candidatura por no entregar el informe de gastos de precampaña –como aceptó, achacando la responsabilidad de la falla a su partido–, López Obrador la emprendió contra los organismos electorales y volvió a decir que la decisión debía recaer en la ciudadanía (“hagan una encuesta”, propuso a los magistrados del tribunal).

Por último, cuando Morena anunció que la hija de Salgado Macedonio lo sustituiría como aspirante, el Presidente se olvidó de todos sus dichos del pasado sobre influyentismo y nepotismo y se negó a opinar. “No nos metamos en eso, dejemos que el pueblo elija libremente a sus autoridades, ésa es la democracia. Es el pueblo el que manda y decide, no los medios de información, no los gobernantes, no el INE o el Trife”.

Sus posturas sobre el proceso electoral en Nuevo León han sido diametralmente opuestas. A finales de enero, en visita al estado, se reunió con Clara Luz Flores, quien abandonó el PRI para ser la abanderada de Morena a la gubernatura.

La candidatura de Flores se desplomó en las encuestas –luego de ser exhibida en un video junto a Keith Raniere, el encarcelado líder de la secta NXIVM– y entonces el Presidente se lanzó contra el candidato de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza (de pasada, contra Samuel García, de MC). Desde la conferencia mañanera, durante tres días seguidos, acusó al primero de hacer “fraude” con el programa Mujer Fuerte, en el que se pide datos de ciudadanas de escasos recursos y se les ofrece, en caso de ganar el candidato, un apoyo económico bimestral.

Pese a que esa práctica se ha generalizado en el país –al grado de que muchos candidatos de Morena tienen programas similares– y a que los tribunales electorales no han encontrado ilegalidad en ella, el Presidente demandó que la FGR se involucrara en ese asunto, cosa que ocurrió con prontitud e incluso bajo amenaza de encarcelar preventivamente al candidato.

En el caso de Nuevo León, al Presidente nunca se le ocurrió decir “que el pueblo decida” ni habló de presumir la inocencia de De la Garza como hizo con Salgado Macedonio. Para esos dos estados, López Obrador –quien dice que se mete en las campañas para defender la democracia– tuvo distintas varas.

Si uno lee los artículos 21 y 22 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, queda la duda sobre si la Fepade de la FGR tiene competencia para investigar delitos cometidos por los candidatos a gobernador de Nuevo León. De entrada, no es una elección federal ni la organiza el INE.