Sociedad civil: el resurgimiento

Termine como termine la votación en el Senado sobre la minuta para prolongar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el debate habrá contribuido a la resurrección de las organizaciones sociales y políticas que actúan por fuera de los partidos.

Estigmatizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad civil organizada se pasó la primera mitad del sexenio en una virtual irrelevancia, pasmada, alejada de la discusión pública, en franco contraste de lo sucedido durante los gobiernos del PRI y el PAN, cuando se convirtió en una decidida impulsora —y, de repente, bloqueadora— de leyes y políticas públicas.

López Obrador no ha ocultado su desdén por las también llamadas organizaciones no gubernamentales, tildándolas de “conservadoras”, hostigando a sus fuentes de financiamiento y negándoles cualquier reconocimiento en la consecución de la transición democrática que hizo posible que su movimiento tomara el poder.

Sin embargo, poco a poco, la sociedad civil ha comenzado a sacar la cabeza. Sobre todo, en torno de dos temas: la construcción del Tren Maya y la creciente militarización de la vida pública.

Durante los años del autoritarismo del siglo pasado, las causas ecologistas contribuyeron a romper el monolitismo del régimen. Entre ellas, aún se recuerda el movimiento contra la operación de la central nuclear de Laguna Verde, a mediados de la década de los 80.

Hoy, la destrucción de la selva y el frágil suelo de la península de Yucatán ha vuelto a poner en pie de guerra a los ambientalistas, quienes buscan frenar el tendido de los rieles del Tren Maya, una de las obras emblemáticas de López Obrador. “Falsos ecologistas” los ha llamado el Presidente.

Igual que sucedió en los sexenios de Felipe Calderón y  de Enrique Peña Nieto, las organizaciones de la sociedad civil han tomado como bandera la denuncia de la participación de soldados y marinos en labores de seguridad pública.

En la víspera de la celebración del 212 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, el colectivo Hasta Encontrarte —que busca a personas desaparecidas—colgó una enorme manta de la Estela de Luz para visibilizar el problema de las desapariciones y para exigir a López Obrador que cumpla con su promesa de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles. La manta fue retirada rápidamente por las autoridades.

Asimismo, durante el debate legislativo que se abrió —sorpresivamente— con la presentación de la iniciativa de una diputada del PRI para prorrogar hasta 2028 la presencia del Ejército y la Armada en las calles, organizaciones como Sí Por México, Sociedad Civil México, UNE, Frente Cívico Nacional y Unidos por México han publicado desplegados con las fotos y nombres de legisladores de la oposición para pedirles que cierren filas contra la militarización.

El sexenio pasado, un activismo semejante por parte del colectivo Seguridad Sin Guerra —que contó con el apoyo de Morena, que entonces estaba en la oposición— logró tirar la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

En ese esfuerzo participó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la legislación. Hoy, la CNDH está en el bando contrario, justificando la participación de los militares en las tareas de seguridad pública, pero la sociedad civil sigue en la misma tesitura. No tardaremos mucho en saber si, además de su presencia pública, ha recuperado también su peso.