Los tres ierros

De acuerdo con la ley, tenía derecho a seguir su proceso en libertad –está acusada de ejercicio indebido del servicio público, por no haber informado a su superior jerárquico sobre un presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos–, pero el juzgador le dictó prisión preventiva por considerar que había riesgo de que ya no se presentara. La razón: una licencia que Robles supuestamente había tramitado con una dirección diferente a la suya, la cual, pese a resultar falsa, fue admitida como prueba de cargo válida.

Lleva más de dos años en la cárcel de Santa Martha Acatitla sin que se le haya dictado sentencia, acusada con base en la pesquisa de una organización de la sociedad civil –Mexicanos contra la Corrupción–, a la que el presidente López Obrador ha descalificado reiteradamente en sus conferencias mañaneras. 

“El odio y la venganza me han traído a estos cuatro muros”, escribió Robles hace unos días. “México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia (…) está en deuda con la justicia”. 

Dos días después de anunciar su intención de irse “al exilio”, Anaya dijo haber recibido un citatorio para presentarse el jueves en un juzgado del Reclusorio Oriente, donde le espera, en caso de acudir, una sentencia de 30 años de prisión. “El exilio es una decisión bien dolorosa (…) Pero en tiempos de autócratas como López Obrador, es la única alternativa para poder seguir luchando”.

El Presidente nunca antes había contestado a los videos que Anaya lleva publicando semanalmente desde hace más de un año, esta vez se dio por enterado, aunque se desmarcó de la investigación que pesa sobre el político queretano, a quien recomendó no huir y probar su inocencia. Incluso le dijo que la prisión lo podría engrandecer.

“Yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando”, agregó Anaya en uno de los videos subidos en sus redes sociales.

El de Samir fue uno de los primeros asesinatos de activistas sociales en México, ocurridos desde el inicio del presente gobierno federal. La lista, reconocida hace unos días por la Secretaría de Gobernación, casi llega a 70. Es decir, uno cada quincena en promedio. Más de la mitad de ellos eran indígenas que luchaban por la tierra y el agua en sus comunidades.

Era el caso de Samir, quien encabezaba un movimiento para oponerse a la termoeléctrica de la CFE en Huexca, municipio de Yecapixtla. El proyecto incluye un gasoducto de 160 kms. de largo que atraviesa tierras de cultivo y bordea las faldas del Popocatépetl, lo que los habitantes de la zona e incluso un estudio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla consideran inseguro. Hoy la planta está en etapa de pruebas y se sigue exigiendo su cierre. El homicidio de Samir Flores, ocurrido tres días antes de una consulta convocada por el Presidente para decidir el futuro del proyecto, no se ha esclarecido.

Nota: Los tres ierros –encierro, destierro o entierro– eran las opciones que el cacique potosino Gonzalo N. Santos (1897-1978) ofrecía a los opositores.