Elba: la metamorfosis

Cada día se enc*uentran razones para comprobar que la consolidación del Estado de derecho es uno de los pendientes más apremiantes que tenemos como país.

Esta semana vimos las desgarradoras escenas de los familiares de los desaparecidos en Chihuahua, aferrados a la esperanza de que el cambio de gobierno sea una oportunidad –quizá la última– para saber qué sucedió con sus seres queridos.

Apenas unas horas después, en medio de la noche, nos enteramos del sobreseimiento de las causas penales que tenía pendientes la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo.

De botepronto, parecería que una y otra cosa no están ligadas, pero lo que subyace en ambos casos es un sistema judicial profundamente atrofiado, que hace de las víctimas villanos y viceversa.

Sin generalizar –porque hay casos en que la procuración y la impartición de justicia engranan virtuosamente para hacer valer el imperio de la ley–, en México es muy frecuente que no funcionen una cosa o la otra y hasta las dos a la vez.

Resulta difícil de creer que miles de personas puedan esfumarse sin dejar rastro. En estos tiempos, con los avances científicos al servicio de la criminalística, debiera ser menos tardado y complicado de lo que se nos ha hecho creer encontrar el rastro de una persona ausente para saber si está oculta con otra identidad o está detenida contra su voluntad o si fue asesinada.

Por desgracia, la fama de la autoridad ha sido tan malgastada que incluso cuando, milagrosamente, se resuelve un caso de desaparición, las conclusiones son puestas en duda.

Para que una sociedad funcione bien, las instituciones que procuran e imparten justicia deben gozar de una altísima reputación.

Cuando alguien es víctima de un delito o una arbitrariedad no tendría necesidad de manifestarse, cerrando calles o poniéndose en huelga de hambre. Le bastaría colocar su caso en manos de la autoridad competente para que ésta procediera conforme a un debido proceso y esperar el veredicto.

Para evitar errores, los sistemas de justicia han desarrollado diversas instancias para que unas revisen lo que han hecho otras, pero esto tampoco funciona cuando las instituciones no tienen credibilidad.

El caso de Elba Esther Gordillo ha exhibido un sistema completamente disfuncional.

Antes de su detención, el 26 de febrero de 2013, la lideresa del SNTE era una villana para casi todos los observadores del tema educativo. Se le señalaba como una mujer que había lucrado con las actividades sindicales y amasando una gran fortuna que no tenía cuando ingresó en el magisterio.

También se le consideraba una hábil operadora política que había hecho tratos con todos los presidentes, de Carlos Salinas a Felipe Calderón.

Los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador la acusaban de haber negociado con Calderón el apoyo del magisterio a la candidatura de éste en la elección presidencial de 2006, que el michoacano ganó por una nariz.

Lo que hoy se piensa de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero –y hasta más–, es lo que se pensaba de Gordillo hace poco más de un lustro, cuando fue detenida al bajar de su avión en el aeropuerto de Toluca.

Pero de villana, Gordillo mutó en víctima. Ayudó mucho en ello el que la PGR decidiera mantenerla detenida, contra viento y marea, a pesar de su edad y su estado de salud. Aunque en diciembre pasado consiguió el arresto domiciliario que exigía, fue evidente que el gobierno se la hizo cansada.

Su imagen pública también cambió por el hecho de que la reforma educativa se topó con la pared de la CNTE, la disidencia magisterial a la que ella había logrado domesticar. Rápidamente, se vio que La Maestra no era el único obstáculo para que mejorara la educación. De hecho, las acciones de protesta de la coordinadora nunca habían sido tan violentas como después de la remoción de Elba Esther.

Finalmente, ella se benefició del manto protector de López Obrador, que tuvo varios gestos de acercamiento con ella durante la campaña. “Chivo expiatorio”, la llamó.

El fallo judicial que exonera a Gordillo de los cargos que tenía pendientes ocurre en una fecha que da lugar a muchas interpretaciones, igual que sucede con la decisión de su abogado de comunicarlo en una conferencia celebrada en la madrugada de ayer.

Fue inevitable que se leyera como algo que ocurría horas antes de que el Tribunal Electoral entregara la constancia de presidente electo a López Obrador.

Al final, tengo una sola certeza: la disfuncionalidad de la justicia mexicana.

Una de dos: o se liberó a una mujer culpable (porque así convenía políticamente en este momento o bien, porque la PGR fue incapaz de sustentar sus acusaciones) o se tuvo cinco años y medio presa a una mujer inocente. Usted escoja.