El Ortega jarocho

El dato fue revelado por la fiscal Verónica Hernández Giadáns a la diputada Ruth Callejas Roldán, de Movimiento Ciudadano, quien la emplazó a proporcionarlo, el lunes pasado, cuando la funcionaria compareció ante el Congreso local.

La figura legal reforzada ha servido para meter a la cárcel a ciudadanos de a pie –como los hermanos José Antonio y Heber Rafael Galán Contreras, del municipio de Apazapan, cuyo caso le he contado en este espacio–, pero ha encontrado un filón especial en la persecución de rivales políticos.

Sólo unas horas después de que fuera promulgada la reforma, Rogelio Franco Castán, expresidente estatal del PRD, exsecretario de Gobierno y candidato a diputado federal plurinominal, fue acusado de haberse resistido a ser detenido por policías ministeriales a causa de una denuncia de violencia familiar.

Franco Castán, quien lleva todo este tiempo preso y no pudo rendir protesta como legislador, se convirtió así en la primera persona en ser detenida por el delito de ultrajes.

Unos días después, fue detenido, también por ultrajes, Gregorio Gómez Martínez, precandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán. Una decena de hombres armados y encapuchados lo sacaron de su negocio de autopartes, de una manera tan aparatosa que sus correligionarios y habitantes del lugar pensaban que se trataba de un secuestro. Doce horas después reapareció en la cárcel de Álamo. 

Luego siguió el precandidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Minatitlán, Nicolás Ruiz Roset, quien punteaba en las encuestas para ganar las elecciones en ese municipio. Y lo mismo hicieron con Ramón Ortiz Cisneros, dirigente regional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que apoyaba a Ruiz Roset.

Más allá de los méritos de las acusaciones, Veracruz es probablemente el estado con mayor número de políticos encarcelados. La lista incluye a Norma Azucena Rodríguez Zamora, secretaria general del PRD, aprehendida cuando se le acababa de terminar el fuero como diputada; Tito Delfín Cano, candidato a la dirigencia estatal del PAN y cercano del exgobernador Yunes; Fabián Cárdenas, alcalde electo de Lerdo de Tejada; Yolli García Álvarez, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y, por supuesto, José Manuel del Río Virgen, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, cuya detención, por el presunto asesinato de un candidato a alcalde, propició la integración de la comisión especial de la Cámara alta para investigar abusos de autoridad por parte del gobierno de Veracruz.

Ayer, dicha comisión dio por concluidas sus actividades, por acuerdo de la Jucopo y después de que la mitad de la bancada de Morena se rebeló contra su coordinador, Ricardo Monreal, impulsor de la idea de investigar los abusos.

Sin embargo, el acuerdo incluye que los 90 casos recogidos por la comisión especial seguirán su curso. Serán puestos en manos de las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos del propio Senado –“para que se realice el acompañamiento que fuera necesario”–, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cuitláhuac García quizá se salió con la suya, pues la comisión sucumbió bajo el peso del apoyo incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador al mandatario estatal, pero, en un mes, los senadores lograron hacer luz sobre muchos abusos de poder que han ocurrido en la entidad. 

Ahora falta que García cumpla su palabra de enviar una iniciativa al Congreso local para derogar el delito de ultraje a la autoridad –como le recomendó la CNDH desde finales de diciembre–, con lo cual muchos de los más de mil detenidos por esa causa podrían alcanzar su libertad y se frenará el ímpetu de convertir a Veracruz en una imitación de Nicaragua, cuyo presidente, Daniel Ortega, manda a prisión a cualquiera que le estorbe.