Temor al gobierno paralelo

Por Jorge Camargo Zurita

Desde la visión de un gobierno centralista, que busca regir la economía, la política, la seguridad y hasta la moral pública, por supuesto que cualquier intermediario entre éste y los gobernados resulta no sólo inaceptable, sino constituye una amenaza.

La experiencia internacional nos muestra que esa reacción proviene de la interpretación de que se intenta construir un gobierno paralelo, es decir, sustituirlo en la entrega de servicios públicos a grupos sociales, lo que, en los hechos, implicaría evidenciar incapacidad.

Esa sustitución, bajo ese supuesto, sería impulsada por opositores al cambio que el nuevo gobierno, supone, confabulan para su fracaso.

Desde esa lógica puede entenderse que las ONG serían las primeras afectadas con los recortes de recursos públicos, para reducirles, en automático, su influencia. Lo preocupante es que en ese mismo cajón caben los órganos autónomos y los jueces constitucionales.

Por supuesto, no avalo en absoluto lo anterior, sino intento dar luz del por qué y desde dónde se actúa. No niego la existencia de casos de organizaciones que vivían de los impuestos, quitándole recursos a las ONG comprometidas.

Durante las crisis económicas, el gobierno se retiró de muchas acciones de apoyo social, entre ellas, el combate a la pobreza y los servicios de salud. Las ONG tuvieron un papel importante en la entrega directa de apoyos no económicos —que tienden a ser clientelares e incentivos para la corrupción— y la creación de proyectos de autogestión en comunidades pobres.

Todos los gobiernos utilizan a las ONG como forma de acceder a esas regiones donde no se acepta la presencia institucional.

Otro elemento es que la transición política del 2000 rompió con los controles del partido-gobierno, y la sociedad civil, ya encarrilada y con afortunadas experiencias previas, se posicionó en el escenario nacional.

En las democracias, las ONG tienen un papel vital en la entrega de servicios, la vigilancia del gasto público, el diseño y evaluación de políticas públicas, etcétera. Incluso la ONU ha creado categorías y reglas para el funcionamiento de muchas de éstas, y no se diga para su protección.

En países con gobiernos de corte centralista, populista, que controlan el Congreso, se produce una tendencia a asfixiarlas cortando los recursos públicos y limitándolas a actividades “autorizadas”.

Lo preocupante es que el gobierno no ve en éstas un vehículo para mejorar sus objetivos, como la entrega de servicios a personas con VIH, sino que lo interpreta como su fracaso para garantizar el bienestar social.

Las ONG le producen desconfianza. Se les ve como una amenaza a la hegemonía centralista, asumiendo que buscan suplantar al gobierno en su función social. De ahí la narrativa de que refugios para mujeres, atención a personas con VIH y guarderías para niños deban ser garantizadas por las instituciones, porque es su obligación y no caben intermediaciones.

Hacerlo sería conceder que no puede, ignorando que antes de ser gobierno ya todos existíamos: ciudadanos, empresarios, organizaciones, instituciones, contrapesos, etcétera.

Un hecho probado mundialmente es que el Estado, incluido el mexicano, no tiene la capacidad económica y operativa, ni la tendrá nunca, de poder entregar esos servicios ni construir todas las políticas públicas, sobre todo para áreas que desconoce.

Las macropolíticas deben bajarse a las comunidades y tiene que reconocerse que, en muchas de ellas, sólo entran las ONG.

Agradezco a Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, la apertura de este valioso espacio de expresión.