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Reforma eléctrica, soberanía energética

Opinión del experto nacional

Opinión del experto nacional

Por Fadlala Akabani

Tras haber asumido una actitud cautelosa y la exhaustiva búsqueda de soluciones alternativas para resolver el desastre provocado por años de abandono deliberado a nivel técnico y la soberanía socavada a nivel jurídico por la hoy oposición, el gobierno del presidente López Obrador tuvo que llegar a la última instancia, reformar la Ley de la Industria Eléctrica a través de una iniciativa presidencial preferente.

La iniciativa, recién discutida y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, contempla la recuperación de la plena rectoría del Estado mexicano sobre recursos y bienes estratégicos para la seguridad nacional, instrumentada a partir del rescate y fortalecimiento de la empresa pública CFE.

Los detractores de la reforma eléctrica de la 4T invocan un falso veto a la energía generada por privados y también, de manera más ingenua que informada, afirman que el Presidente está en contra de las energías limpias, empero, en su iniciativa están contenidos los lineamientos para su operación, así como los espacios de la cadena industrial en los que podrán participar. Velar por el interés nacional y no por el del capital implica regular la actuación de empresas que no se comportarían de la misma manera en sus países; las mineras canadienses que detentan el 74% de las concesiones de explotación mineral son el mejor ejemplo. Tan sólo de 2008 a 2013 generaron ganancias por 1.2 billones de dólares, pero sólo 0.6% se quedó en México.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, las compañías canadienses son ejemplo grotesco del despojo de tierras, contaminación de ecosistemas, evasión fiscal, especulación financiera, intimidación de ejidatarios e incluso el asesinato de líderes en Chiapas y Oaxaca. No resulta exagerado afirmar que los gobiernos neoliberales impusieron en el siglo XXI las condiciones de finales del XIX, un neocolonialismo industrial.

El principal argumento en favor de la reforma energética que propuso el PRI y apoyó el PAN fue que abrir el mercado energético traería competencia al sector y una consecuente disminución en las tarifas en beneficio del usuario final, más energía a precios más bajos. Sin embargo, esto no sucedió, la producción de gas natural (con el que se genera la mayor parte de la energía en México) decreció 31%, al pasar de 7,031 millones de pies cúbicos diarios en 2009 a 4,847 en 2018.

Los defensores de la reforma energética (2013) decían que los primeros dos años no eran suficientes para reflejar la reducción de tarifas. Sin embargo, los incrementos anuales del 4% en la tarifa de consumo doméstico programados desde 2006 continuaron hasta 2015. Datos de un informe presentado por la CFE en la Cámara de Diputados, en el marco del debate público abierto para discutir la reforma eléctrica, muestran un incremento del 35% en el costo de la energía eléctrica que de 2015 pasó de 1.39 a 1.88 pesos por kilowatt-hora.

A pesar de contravenir el espíritu del artículo 27 constitucional, la reforma energética neoliberal se escuchaba muy bien en radio, se veía mejor en televisión y se leía llena de beneficios para el país en medios impresos. No podía ser de otra forma, pues en el bombardeo mediático que dio a conocer las “bondades” de la legislación, la administración peñista pagó 2 mil millones de pesos a medios nacionales, sin que con ello pudiera aminorar el rechazo popular de la entrega de la mayor riqueza de México. En contraparte, el rescate y fortalecimiento de la CFE cuenta con muchos enemigos en la opinión publicada.

La comentocracia afín al viejo régimen busca imponer en el ideario colectivo la idea de que la 4T está en contra de la preservación del medio ambiente y el avance tecnológico; desde su visión, el uso de energías limpias sólo puede provenir del sector privado, pero nuevamente los datos demuestran que sus opiniones están cargadas de interés. El 20% de la energía usada en México proviene de fuentes renovables, y de ésta, el 13% es generada por la CFE, buen rendimiento para la empresa pública de un país latinoamericano, considerando que Japón o Estados Unidos generaron sólo el 6 y 11% en 2019, respectivamente.

No obstante, la dependencia político-industrial generada por el neoliberalismo en el sector energético, los hechos muestran la capacidad técnica de la CFE, cuyos trabajadores pudieron revertir en menos de cinco días la crisis derivada de las bajas temperaturas en el norte del país, crisis que, para el Departamento de Estado norteamericano, fue producida debido a la falta de regulación, crisis que prevalece del otro lado del Río Bravo, sin que las supuestas ventajas del mercado hayan resuelto la situación y sin que los medios masivos en México digan una sola palabra.

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