La ideología tras la realidad

Por Fadlala Akabani

Desde hace algunos días, amigos, compañeras y compañeros del movimiento y del Gobierno de la Ciudad de México me han sugerido cuidar mis posicionamientos políticos en el contexto del Proceso Electoral Federal 2021, cuya etapa de campañas inició el pasado domingo 4 de abril.

Si bien entiendo y celebro el espíritu democrático de estas sugerencias, como participante de anteriores procesos electorales entiendo la diferencia entre el periodo de campaña y la veda electoral. Veda electoral es el periodo en que no está permitido a los partidos ni candidatos la promoción de sus plataformas, comenzará el 3 de junio de 2021, 3 jornadas antes del día de la elección. Solo en algunas entidades, como el caso de Tamaulipas, la autoridad electoral estatal acordó con el INE una veda para funcionarios públicos a lo largo de la campaña.

Respecto a los funcionarios públicos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la prohibición de emitir propaganda gubernamental, salvo aquella relativa a los servicios educativos, de salud y protección civil. La función sustantiva de la ley reside en que, en el ejercicio de las funciones y atribuciones inherentes al servicio público, no se aprovechen los recursos públicos (humanos, materiales o económicos) para apoyar o perjudicar a algún partido, candidato o coalición.

Comúnmente, solemos pensar en la ideología como un conjunto de presupuestos y teorías que nublan nuestra visión y nos impiden ver la realidad tal y como es, entonces, la crítica simplista a la ideología recae en la necesidad de sacarse esos prejuicios de la cabeza para observar los hechos como son. También resultan bastante frecuentes las afirmaciones de que estamos en una era posideológica, pues la mercadotecnia ha logrado disfrazar las ideologías bajo argumentos como el utilitarismo, y las personas son reducidas a sujetos de deseo de modelos hegemónicos impuestos a través de la publicidad en medios tradicionales y las redes sociales.

Sin embargo, para Slavoj Žižek, filósofo marxista de origen esloveno, la ideología está presente en todos los hechos y objetos (sociales) del mundo que nos rodea y forma parte de nuestro estado natural, pero no nos resulta perceptible en primera instancia, pues la comprensión de la realidad y la ideología subyacente a cualquier fenómeno (social) implica, además de un ejercicio mental activo, el encuentro con verdades que no nos gusten.

Este abordaje teórico llevó a que me plantease cuestionamientos sobre la ideología subyacente a la legislación electoral en México. ¿Cuál es la verdadera causa detrás de una legislación que, en esencia, limita a los políticos a hablar de política? ¿Cuál es el verdadero mensaje que subyace debajo de la imparcialidad en la contienda? Más allá del respeto a la ley y la deseada equidad en el proceso electoral, es conveniente reflexionar sobre la naturaleza del poder político en México y los orígenes de esta legislación.

Tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como las reformas y adiciones constitucionales que la habilitan son producto histórico del uso de recursos públicos, así como del poder político presidencial y la injerencia de poderes fácticos (iglesia y oligarquía político-empresarial) para interferir en la contienda presidencial de 2006. Tal actuación desde la Presidencia de la República, que gastó 1,700 mdp en propaganda y la entonces participación ilegal de los sectores más conservadores, quedaron asentadas en la propia resolución del Tribunal Federal Electoral en septiembre de 2006, cuya resolución determinó que, en efecto, fueron socavados los principios constitucionales de equidad e imparcialidad en la contienda.

Llegamos al 2021 con un complejo escenario para la elección federal, pues, ante la ausencia de una oposición formal consolidada, existen actores que están abandonando el papel imparcial e informativo que en teoría deberían jugar, medios de comunicación con motivaciones políticas y preferencias ideológicas que pretenden adelantarse a los hechos, estigmatizando la figura del presidente López Obrador, sobre quien se busca hacer recaer los vicios y malas prácticas históricas del poder presidencial en nuestro país, paradójicamente, volviéndolo destinatario de una ley cuyo objetivo era evitar el atropello de derechos políticos de los que él mismo fue objeto en 2006 y 2012.

Me permito aclarar que este espacio, como columnista en Excélsior, no implica el uso de recursos públicos, asimismo, su uso será en estricto apego a los lineamientos para funcionarios públicos emitidos por la Secretaría de la Función Pública en el marco del Proceso Electoral Federal 2021; es decir, mantengo mi derecho a emitir opiniones a favor o en contra de partidos y actores políticos.