La hora del Estado

A la crisis sanitaria le sigue, inexorablemente, una crisis económica que apenas comienza. Los daños económicos y sociales —en la producción, el comercio, el consumo y el empleo— serán enormes, pero pueden atenuarse si los gobiernos toman oportunamente las decisiones apropiadas. Es la hora de que el Estado asuma su responsabilidad rectora, con todas las facultades, capacidades e instrumentos de que dispone para enfrentar la crisis. La obstinación en las prácticas y creencias del pasado inmediato, la inacción o la simple tardanza en actuar pueden costar miles de muertes evitables y una desastre económico y social sin precedentes.

Todos los países desarrollados, casi sin importar la orientación ideológica de sus gobiernos, están tomando medidas de intervención estatal impensables hace apenas unos meses. Todos, en mayor o menor grado, están subvencionando a quienes pierdan el empleo, a los autoempleados y a los pequeños empresarios en riesgo de cerrar su negocio, muchos están transfiriendo dinero como renta básica a familias, todos están concediendo prórrogas, descuentos o exenciones de impuestos.

Todos están avalando y subvencionando créditos para salvar empresas, a fin de salvar empleos; algunos gobiernos cubren la mayor parte del salario de trabajadores de empresas que han tenido que parar, otros han decretado la moratoria de deudas hipotecarias y suspensión de pagos de servicios; todos han destinado presupuestos billonarios para la salud pública; todos están previendo grandes créditos fiscales para reactivar la economía cuando pase lo peor de la pandemia. Y todos, naturalmente, reconocen que la única manera de financiar todas esas acciones es adquirir deuda pública y facilitar la deuda privada. El equilibrio fiscal ahora no sólo es quimérico, sería suicida. Cuando el mercado se paraliza, corresponde al Estado dinamizarlo.

Pero no solamente los gobiernos de los países más ricos están tomando tales medidas de salvamento por cuenta del gasto estatal. Chile prevé destinar 4.7% de su PIB a enfrentar la pandemia y reactivar la economía; Brasil y Perú, más de 2%, Argentina 1.5% y Colombia 1.3 por ciento.

Obviamente, ese gasto adicional tendrá que cubrirse en parte con déficit fiscal y deuda. Inclusive economías más pequeñas hacen lo propio: Costa Rica está concediendo moratorias fiscales y Ecuador un aplazamiento de las cuotas de seguridad social. La recesión económica exige al Estado ir más allá de la ortodoxia monetaria y fiscal, tan cara a las doctrinas neoliberales.

México no puede eludir la gravedad de la crisis sanitaria ni pretender enfrentar la crisis económica con las recetas del año pasado. Las pensiones para ancianos y becas para jóvenes desempleados son una ayuda encomiable, pero claramente insuficiente para el tamaño de la población amenazada por el desempleo u ocupada en la economía informal.

Se trata de proteger los empleos ya existentes, no tanto de crear nuevos, cuando la economía se contrae. Y para ello es indispensable cambiar algunos criterios que han guiado a la actual administración. Hablar de empresas no es sólo pensar en las grandes, sino también en los 4 millones de microempresas con 10 o menos empleados, que no resistirán un mes pagando sueldos sin percibir ingresos. Aplazar el pago de impuestos no es condonarlos, pero puede salvar millones de empleos. Aceptar un déficit fiscal y un endeudamiento moderados es lo más responsable que el gobierno puede hacer ante la emergencia sanitaria y económica. Atreverse a cambiar puede hacer la diferencia entre una crisis y una catástrofe.