La deseada reivindicación

Por Azul Etcheverry

Hace unos días y después de meses de negociación, el gobierno federal, iniciativa privada y sindicatos acordaron un plazo de tres meses para que empresas incluyan en sus nóminas a los empleados que estén contratados en un esquema de outsourcing, así como la creación de dos modalidades de cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, con lo que se les daría acceso a mejores oportunidades salariales y el fomento de una antigüedad laboral.

Lo anterior no representa el final de la subcontratación como tal, si bien se prohíbe el outsourcing de personal que forme parte del objeto social de la empresa, sí se regulará la terciarización de distintos servicios de la actividad esencial de la empresa contratante.

De igual forma, se tiene contemplado un registro de empresas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como un padrón público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. En caso de que la empresa subcontratada incumpla, la empresa empleadora será responsable solidaria con el trabajador.

Si bien estas modificaciones son un paso a favor de la fuerza laboral en el país, son el resultado de un proceso regulatorio alcanzado por varias reformas legislativas, como la de seguridad social en 2008 o en la Ley Federal del Trabajo en 2012, las cuales, desafortunadamente, no tuvieron el impacto deseado de reivindicar los derechos laborales, porque no se han podido afianzar como un sustento legal suficiente ante la presión corporativa.

Ahora que los actores principales llegan a un acuerdo habrá que dar seguimiento al trabajo legislativo prestando especial atención a que los procesos de implementación sean respetados, además de explorar alternativas como los servicios compartidos, como ya los administran muchas empresas, siempre y cuando las funciones de los empleados sean claras y sus contratos se efectúen con apego a la ley.

Otro tema para considerar es la situación de las pequeñas y medianas empresas y los desafíos que representa el modelo formal de negocio. Por ejemplo, muchas de ellas no producen utilidades, suceso que se vería amparado como una consideración hacía dichos negocios dentro de este acuerdo, sin embargo, debemos atender los retos que representa para estas pymes llevar negocios formales con nóminas costosas y responsabilidades mayores.

La realidad es que los esfuerzos en México por reivindicar a su fuerza laboral ya existen, pero desafortunadamente no se implementan como deberían. Hoy la subcontratación abusiva, así como la subdeclaración de salarios están prohibidas, así como la evasión y simulación de despidos o cualquier actividad que vulnere los derechos del trabajador en este aspecto ya están regulados, no obstante, ocurre que abundan las discrecionalidades y no hay una aplicación estricta de la ley, lo que debe ser inmediatamente atendido.

Por último, este esfuerzo no estaría completo sin la intervención de la fuerza laboral. Espero que, con lo ocurrido esta semana, los trabajadores se involucren más en el conocimiento de sus derechos. Entre más colaboración y conocimiento se tenga sobre su situación laboral, será más fácil encontrar y castigar irregularidades. Considero que se trata de un esfuerzo importante y una victoria para una buena parte de la fuerza productiva del país.