Desafíos de la justicia mexicana

En el Senado estamos decididos a actualizar las leyes para brindar a quienes administran e imparten justicia las herramientas necesarias para lograr que se cumpla lo que establece nuestra Constitución, que la justicia sea expedita y objetiva, para erradicar un sistema que hoy resulta lento, discriminatorio, complicado y costoso. No existe mayor urgencia que la de proporcionar a las víctimas e imputados un proceso que les dé certidumbre jurídica, que respete sus derechos, resuelva los conflictos y, en su caso, remedie el daño causado.

Desarrollar esta tarea requiere un trabajo colectivo, por eso es que, para hacer frente a una de las principales demandas sociales, se llevó a cabo el Primer Encuentro Digital Nacional sobre los Desafíos de la Justicia Mexicana, en el que participaron los tres Poderes de la Unión, representados por legisladores, la secretaria de Gobernación, el fiscal general, el consejero jurídico de la Presidencia y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Concluimos que entre los factores que impiden la efectividad en la administración e impartición de justicia podemos mencionar, además de la impunidad, el nepotismo y la corrupción, que permean y se han arraigado en cada eslabón de la estructura y que, de facto, son parte del modelo que, por décadas, hemos padecido los mexicanos. En el interés por erradicar esos flagelos, se encuentra en dictaminación una iniciativa que modifica 7 artículos constitucionales relativos al Poder Judicial de la Federación, que abarca aspectos administrativos y técnicos necesarios para mejorar su funcionamiento.

Entre algunos de esos aspectos se propone avanzar hacia un sistema de precedentes que se orienta a mejorar el acceso e impartición de justicia a través de mecanismos como la emisión de “declaratorias generales de inconstitucionalidad”, con la cual, desde el primer caso que se resuelva en contra de normas generales, aplicaría la expulsión de normas consideradas inconstitucionales de nuestro sistema jurídico.

También está en discusión asumir la “contradicción de criterios”, en lugar de la de “contradicciones de tesis”, con lo cual los argumentos y las razones plasmadas en cada sentencia serían obligatorios para los juzgadores; con esto se permitiría el desarrollo de una tradición jurídica que vaya más allá de las fórmulas abstractas que se fijan hoy en día en las tesis y que, muchas veces, son aplicadas fuera de contexto. De igual modo, se plantea que la impartición de justicia se aceleraría al considerar que todas las decisiones tomadas por mayoría de votos en la SCJN se convertirán en criterios judiciales obligatorios para todos los jueces y magistrados, por lo que ya no serían necesarias cinco decisiones continuas en el mismo sentido para que esto se logre.

La reforma también propone sustituir los Tribunales Unitarios de Circuito por los Tribunales Colegiados de Apelación, con lo cual se lograría que, a través del diálogo, tres personas lleguen a una mejor solución y se brinde mayor seguridad y certeza jurídica de que se resolvió, conforme a derecho, en juicios federales civiles o penales. Sin duda, medidas como las mencionadas reducirían la carga de trabajo de la SCJN y se enfocaría más a su papel de Tribunal Constitucional.

Finalmente, en materia administrativa, la profesionalización de la función jurisdiccional es algo favorecedor para el sistema de justicia. Al privilegiarse el mérito y la equidad y con la posibilidad de la creación de una nueva ley para la carrera judicial, se podrán consolidar las reglas y principios que regulan las adscripciones, capacitaciones, responsabilidades administrativas, derechos y obligaciones de los involucrados mediante políticas de combate al nepotismo, la corrupción y lograr una mayor eficiencia de los juzgadores en la impartición de justicia. Es así como los senadores no descansaremos hasta ver cumplidas una de las mayores demandas de la sociedad.