Acción colectiva: a 106 años de la Ley Agraria

Román Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal

La acción colectiva en defensa de los derechos humanos ha dado lugar a algunas de las conquistas sociales más importantes en la historia de nuestro país. La Ley Agraria de 1915, producto de las presiones del movimiento zapatista al entonces presidente, Venustiano Carranza, consolidó la propiedad social en los ejidos y comunidades agrarias de México, y quedó plasmada en el artículo 27 de la Constitución que hoy nos rige.

Gracias a esta lucha revolucionaria por la tierra —una lucha por la visibilización de nuestra diversidad social— el país vivió una reestructuración que cambió la realidad de millones de campesinos, convirtiéndonos en pioneros de derechos sociales a nivel mundial. Desde entonces, el desarrollo agrario, territorial y urbano de México ha estado marcado por este triunfo. La gobernabilidad y la soberanía como las conocemos serían impensables sin la base legislativa que norma la tenencia de la tierra.

Hoy el sector agrario mexicano representa más de 100 millones de hectáreas, 51% del territorio nacional, repartidas en más de 32 mil núcleos, entre ejidos y comunidades. Estos espacios de desarrollo hacen más que producir materias primas y recursos alimentarios; son cruciales en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, además de resguardar invaluables tradiciones culturales de nuestros pueblos indígenas. Se trata de entidades interdependientes con metas comunes, trabajo y valores compartidos entre grupos de personas sumamente variados. Procurar una diversidad en la toma de decisiones, aun hoy, es de enorme importancia para el bienestar en todo el territorio nacional. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que la fuerza colectiva nace de la pluralidad.

A pesar de esto, aún nos queda camino por recorrer en el campo. Por un lado, si bien ha incrementado el número de mujeres titulares de la tierra de 1% a 18% en las últimas tres décadas, el acceso a los derechos les es mucho más difícil que a los hombres. Asimismo, menos del 10% de los órganos de representación y vigilancia están conformados por mujeres. Ellas se ocupan de labores productivas y domésticas, del cuidado de la familia y el trabajo en el campo, pero no ocupan cargos de representación directa que visibilicen sus labores.

Por otro lado, más del 40% de los titulares de derechos sobre la tierra tiene más de 60 años de edad, y menos del 20% es menor de 31. Cuando las y los jóvenes encuentran resistencia de sus mayores para acceder a la titularidad, buscan oportunidades de trabajo fuera de sus comunidades, no sólo desaprovechando recursos, sino además desgastando el tejido social de los núcleos a los que pertenecen.

A la luz de esta realidad, es prioritario para la Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional incentivar la participación de mujeres y jóvenes en el contexto agrario, con una representación más paritaria, enriquecida por una variedad de perspectivas y opiniones.

En octubre del año pasado iniciamos un programa piloto en la Ciudad de México y el Estado de México para otorgar derechos sobre la tierra a 700 mujeres campesinas. Además, desde inicios de la presente administración, hemos trabajado para que los ejidatarios puedan ceder más fácilmente sus derechos a familiares jóvenes, fomentando un sano relevo generacional. El objetivo es rejuvenecer la acción colectiva en ejidos y comunidades, fortaleciéndolas con una perspectiva de sustentabilidad y futuro.

Mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos, y en especial de los más pobres, sigue siendo un desafío que no podrá sortearse sin la cooperación de la sociedad entera. Garantizar una participación más justa e incluyente en las decisiones que organizan el territorio es una responsabilidad compartida. Los núcleos agrarios son una pieza clave del rompecabezas, ya que en ellos encontramos el ejemplo histórico para construir una sociedad que tiene su fortaleza en su diversidad; que se transforma poniendo el bien colectivo por delante del bien individual.