A pesar de todo, avanza la nueva norma de descarga

Por Ramón Aguirre Díaz

Hace casi dos meses abordamos en este espacio el tema de la nueva norma de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores que viene impulsando la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat. Comentamos que, por supuesto, el tema de la contaminación de los cuerpos de agua en nuestro país es un asunto que definitivamente requiere de una mayor atención. Debemos reconocer que un 34% de los sitios monitoreados en nuestros ríos y embalses están contaminados o fuertemente contaminados por descargas industriales, de aguas residuales municipales y por residuos agrícolas.

La solución a la contaminación habría que plantearla en dos rutas. La primera y más clara es verificar si la norma vigente se está cumpliendo. Sabemos que no es así y que la muy limitada capacidad de vigilancia es aprovechada por algunas industrias para ahorrar y descargar clandestinamente sus contaminantes en la madrugada o en horas que saben que no serán sancionadas. Incrementar la vigilancia es muy importante.

Por otra parte, en el caso de los organismos operadores de los sistemas de agua municipales, muchos de ellos no cuentan con recursos económicos no sólo para construir las plantas que se requieren, sino incluso mantenerlas y operarlas adecuadamente. En el país contamos con 2,642 plantas de tratamiento municipales que tienen una capacidad instalada de 194,715 litros por segundo (lps), de los que procesan solamente 141,479 lps (habría que ver de éstos cuántos cumplen realmente con la norma vigente). Además, se dejan de tratar cerca de 100,000 lps del agua residual generada y recolectada. Definitivamente falta mucho por hacer.

Por supuesto que, si logramos que el 100% de las aguas descargadas a los cuerpos receptores cumplieran con la norma vigente, el problema de contaminación se reduciría sustancialmente, cuando menos a la mitad de la actual, pero también es cierto que es conveniente revisar la norma existente y proponer mejoras que nos permitan avanzar a un paso sostenido en la materia.

El problema que se tiene con la nueva norma PROY-NOM-001-SEMARNAT-2021, que prácticamente está por salir, es que no se trata de una mejora que nos lleve a dar pasos adelante en la solución del problema, sino que se da un salto gigante generando muy graves problemas, debido a que la infraestructura que se tiene en México para tratar las aguas no está diseñada para poder cumplir con las nuevas exigencias.

Veamos un ejemplo en cuanto al nitrógeno total: la actual NOM 001 fija un valor límite de 40 mg/L. Mientras que las plantas de tratamiento que funcionan apropiadamente en el país –pocas, por cierto– pueden alcanzar los 28 mg/L, el proyecto de la nueva norma PROY-NOM-001-SEMARNAT-2021 fija el parámetro en 25 mg/L, lo que haría necesario instalar procesos adicionales de nitrificación y desnitrificación para poder cumplir. Aquí lo deseable sería avanzar a una norma que fije como límite 30 mg/L.

En el caso de los organismos operadores del país, cumplir con la nueva norma implicará inversiones del orden de los 700 mil millones de pesos según los últimos datos de la Asociación de Entidades Públicas de Agua y Saneamiento (ANEAS), además de costos operativos que obligarán a más que duplicar las tarifas de los servicios de agua en el país.

Con relación a las industrias, el asunto no es menos grave y puede tener implicaciones serias con el T-MEC, ya que, al implantarse la norma, las industrias mexicanas estarán obligadas a cumplirla y sus costos podrían sacarlas del mercado. Incluso la propia CFE y PEMEX están en contra de esta norma que, a pesar de todo, está a punto de publicarse e imponerse. Antes de que eso pase, sería conveniente que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria mida sus consecuencias e impactos.