Bacalar

Por Jesús Sesma Suárez

La lucha por conservar y ampliar nuestras Áreas Naturales Protegidas (ANP) no es nada nuevo en el Partido Verde.

Siempre hemos afirmado que cuidar los pulmones con los que cuenta nuestro país debe ser una prioridad, no sólo en las zonas terrestres (como los bosques), sino también en los cuerpos de agua (como lagunas, ríos y mares). Todas estas zonas nos brindan muchos servicios que repercuten en la salud y el bienestar de las personas, fomentan el turismo y también dan reconocimiento a nuestro país en todo el mundo.

De esta manera, a principios de año hicimos varias propuestas con la intención de crear más áreas naturales protegidas en el territorio nacional, así como para ampliar la protección en donde éstas ya existen.

En el primer caso, logramos que se aprobara una solicitud dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con el objetivo de que se declarara como ANP la sierra de La Giganta en Baja California Sur, el sistema lagunar de Bacalar en Quintana Roo y la cuenca del río Usumacinta en Chiapas.

Y en el segundo, relativo al crecimiento de las ya existentes, también conseguimos que estas mismas autoridades ambientales llevaran a cabo la ampliación de las zonas conocidas como selva Lacandona (en los estados de Chiapas y Tabasco) y del Archipiélago de Revillagigedo frente a las costas del Pacífico mexicano.

Poco a poco me iré refiriendo a cada uno de estos casos, ya que todos tienen un gran significado para la conservación de nuestra riqueza natural, pero en esta ocasión me quiero referir a las lagunas de Bacalar, donde las acciones de protección comenzaron desde el año de 1996 cuando se le declaró como un Santuario del manatí.

Estas lagunas son las más importantes de toda la Península de Yucatán, ya que en ellas se encuentran arrecifes que contienen evidencias de la aparición de la vida en la tierra; especies vegetales en riesgo (como el mangle rojo, el mangle negro y el mangle blanco); y varias especies de animales protegidos como el manatí, el tapir, el jaguar, el ocelote y el cocodrilo de río.

Es un hecho que los habitantes de los municipios de Othón P. Blanco y de Bacalar se han encargado de cuidar esta importante zona, pero es necesario hacer mucho más. Actualmente, hay evidencias de que el manglar y la selva han sido talados para varios fines como la construcción de poblados y caminos; también de que se extrae leña de forma irregular y de que se están contaminando los cuerpos de agua; todo ello sin dejar de mencionar los cambios ilegales del uso de suelo para desarrollar infraestructura turística.

Lo anterior no hace sino confirmar la necesidad de realizar acciones más eficaces para la conservación de la zona y la declaratoria como ANP es la mejor vía para lograr este objetivo. Pero esto no puede lograrse de manera unilateral, requiere de la participación de la población de ambos municipios y de sus organizaciones sociales, en coordinación con las autoridades estatales y con el gobierno federal.

Por eso el pasado martes tuvimos un acercamiento muy importante con los representantes de todas estas instancias en el que se acordó, principalmente, buscar otorgarle un mayor presupuesto a los dos municipios involucrados e instalar una mesa de trabajo permanente para que, entre todos, busquemos la manera más conveniente de darle a esta importante región del sur de Quintana Roo la protección que requiere para gozar del reconocimiento mundial que merece.

Recordemos que como país tenemos una gran responsabilidad con la conservación de nuestras reservas naturales, pero también un compromiso muy importante que cumplir con la comunidad internacional.

*Coordinador del GP del PVEM en la Cámara de Diputados.