El derecho a la verdad es luchar contra la impunidad

Por Clemente Castañeda Hoeflich*

En enero de 2015, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presentó el informe de resultados de la investigación del caso Ayotzinapa al que denominó la “verdad histórica”, donde concluyó que los 43 normalistas desaparecidos habían sido calcinados en un basurero de Cocula y, posteriormente, esparcieron sus cenizas en el río San Juan, con lo que  daban por concluida la investigación. Posteriormente, el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmintió la versión de la PGR.

La incapacidad de la Procuraduría para resolver el caso y fincar responsabilidades por los delitos cometidos en Ayotzinapa, aunado a la duda razonable sobre la participación del Estado en los hechos,  la imposibilitó para garantizar la reparación del daño a las víctimas y anuló su credibilidad.

Ante esto, en septiembre de 2015, los diputados de Movimiento Ciudadano presentamos una iniciativa para crear una Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa. Con el fin de dar autonomía y certeza al trabajo de la Comisión, se propuso que estuviera conformada por expertos en derechos humanos y representantes de las familias afectadas, buscando darle la mayor independencia, profesionalismo y calidad moral, así como las herramientas jurídicas para acercarse a la verdad de los hechos y continuar la búsqueda de los normalistas. Hay que destacar que, a partir de 1983, se han establecido más de 30 Comisiones de la Verdad alrededor del mundo, que han servido para fortalecer los procesos de paz y generar cambios sociales e institucionales en distintas latitudes.

El derecho a la verdad es un derecho humano esencial para las víctimas, pero también para una sociedad, porque el esclarecimiento de violaciones a derechos humanos ayuda a prevenir la repetición de hechos similares. No puede perderse de vista que negar el derecho a la verdad es en sí mismo una violación a los derechos de las personas, porque la memoria colectiva es lo que nos constituye como una nación, y ocultar los hechos es anular nuestros derechos.

Instituir la verdad como un derecho ciudadano tendría como resultado una serie de hechos positivos para el país. Contribuiría a resolver la grave crisis de credibilidad que enfrenta el Estado; ayudaría, también, a cerrar heridas del pasado y reconciliarnos como sociedad. En otras palabras, el derecho a la verdad implica transformar la relación entre el poder público y los ciudadanos.

El derecho a la verdad está ligado al derecho a la justicia y a la dignificación de las víctimas. Por ello, en el caso particular de Ayotzinapa, luchar por la verdad no sólo permitirá conocer los hechos y deslindar responsabilidades en torno a este acontecimiento, sino también continuar con la búsqueda de las víctimas, reparar el daño y dejar atrás la impunidad que tanto daño le ha causado al país, asegurando la no repetición de los hechos.

Esclarecer la verdad y la responsabilidad de los crímenes es lo que ayudará a las comunidades que han sufrido abusos y violaciones a sus derechos a involucrarse en un proceso de paz. Mientras eso sucede, seguimos esperando la verdad de lo que sucedió la madrugada del 26 de septiembre de 2014 y, lo más importante, es que seguimos esperando a 43 jóvenes con vida.

*Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

@ClementeCH