T-MEC y las verdaderas líneas rojas

En la coyuntura del T-MEC de noviembre de 2018, Estados Unidos vendió que el nuevo acuerdo modificaba para “siempre el panorama del comercio”, al conseguir consensos tripartitos en torno a la regulación comercial más “moderna, actualizada y equilibrada de la historia”. En lo correspondiente a la industria automotriz, la cual es vital para la economía mexicana y la estabilidad en las fuentes de empleo de distintas ciudades del país, el liderazgo estadunidense presumía que nuevos incentivos estaban puestos para recuperar inversiones de miles de millones de dólares en su territorio.

La delegación mexicana, en el ocaso de la administración de Peña Nieto, consideró este rubro del tratado como benéfico para México, a pesar de las condiciones desfavorables. Mientras en el TLCAN dominaba una mayor laxitud en las reglas de origen, en la cuales estaban libres de aranceles aquellas unidades automotrices con al menos 62.5% de componentes producidos en los tres países, la presión norteamericana consiguió endurecer la regulación del T-MEC, no sólo escalando ese umbral a 75%, sino imponiendo que el 40% de los componentes debe ser elaborado por trabajadores con salarios superiores a los 14 dólares la hora, imponiendo con ello mayores restricciones a la fuerza laboral mexicana.

Este “éxito” en las negociaciones concluidas el año pasado, hoy ha dejado de serlo. Estados Unidos quiere ir por más. Los demócratas buscan evitar a toda costa el aprobar un T-MEC con rendimientos positivos exclusivos para el presidente Trump, mismos que se sumarían a los buenos indicadores registrados durante su administración en creación de empleo. Sin duda, el récord económico del mandatario será uno de los principales frentes a vencer por el Partido Demócrata. De ahí que, bajo el pretexto de proteger a los trabajadores estadunidenses, Nancy Pelosi y los suyos se han subido a la demanda de nuevas modificaciones. Incluso plantean adecuaciones que hace un año ni siquiera existían en el debate.

Hace bien el gobierno de México en establecer puntos de no retorno, como lo es el intento de injerencia estadunidense con la propuesta de autorizar la presencia de supervisores norteamericanos para inspeccionar centros laborales en nuestro territorio o el buscar afectar a la industria nacional del aluminio, con un cambio en la regla que obligaría a que 70% de este material fundido fuera de origen estadunidense. Serán los especialistas en comercio quienes habrán de pronunciarse sobre los impactos de permitir que, en el caso del acero, el mismo porcentaje en los automóviles provenga de la Unión Americana.

En este marco, resulta intrascendente si Estados Unidos plantea modificaciones mínimas al Tratado o si el 90% de lo acordado por las tres naciones de América del Norte permanece intacto. Aquí no están las verdaderas “líneas rojas” de nuestros intereses nacionales frente a los estadunidenses. La “línea roja” real es que demócratas y republicanos dejen de poner a México en el centro de la disputa electoral. Esto es, que dejen de usar a nuestro país como recurso para mantener alineadas a sus bases de votantes e intentar persuadir a posibles simpatizantes.

El dilema para nosotros no es fácil, dada la alta integración de las economías, el poder nacional de Estados Unidos y los costos potenciales de profundizar el diferendo. Sin embargo, como país deberemos encontrar señales, diplomáticas e inteligentes, para poner un alto a estas amenazas recurrentes de Washington. Ello empieza por que nuestro gobierno transparente la información y los términos de la relación, de forma que amplíe consensos con especial énfasis en aquellos rubros de política donde se anticipan malas noticias.