Cambios de perspectiva

El cambio de agenda mediática de la última semana, y que amenaza con afianzarse en el mediano plazo, muestra complejidades que no podrán resolverse desde una sola trinchera partidista o institucional, sino desde una voluntad política a la colaboración cada vez más profunda entre órdenes de gobierno y al interior de las legislaturas, tanto del Congreso del Unión como de los congresos estatales. Esto es, a las distintas autoridades no les alcanzará con polarizar a la opinión pública o fragmentar el debate para mantener niveles robustos de aprobación popular. No les será suficiente porque esa estrategia está lejos de, en los hechos, incidir en la capacidad adquisitiva de las familias o de acercarles servicios públicos de calidad. Factores que, al final, terminan definiendo cambios de preferencia partidista o votos de castigo en los procesos electorales, por mayor control de la agenda del debate público que se pueda tener.

La realidad de México nos debe convocar a todos al ejercicio de la construcción de consensos. Entre contradicciones y ocurrencias del subsecretario López-Gatell no termina de quedar claro cuándo México alcanzará el pico de la pandemia, con su consecuente tendencia decreciente en defunciones y contagios covid-19, sin embargo, los organismos internacionales ya anticipan una caída del Producto Interno Bruto de, cuando menos, el 10 por ciento. Contracción que ni las obras impulsadas por el gobierno federal (refinería en Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto General Felipe Ángeles) ni las transferencias en efectivo de los programas sociales ni otros programas instrumentados en las entidades federativas lograrán, de manera desarticulada, encausar una recuperación acelerada de la economía. Los 12.5 millones de trabajadores que, según la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del Inegi salieron del mercado laboral en el mes de abril como producto de la emergencia sanitaria merecen un acuerdo nacional que, en corresponsabilidad de los órdenes federal, estatal y local, en alianza con el sector privado, se establezcan los incentivos adecuados para dar celeridad a la recuperación del paso productivo en las distintas industrias.

Si el plano económico requiere el mejor de nuestros esfuerzos para rehabilitar tranquilidad e ingreso en miles de familias, el campo de la seguridad no es la excepción. La semana pasada inició con la lamentable contabilidad de 265 homicidios ocurridos tan sólo entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio, de acuerdo con lo informado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los días subsecuentes se agregaron masacres en Sonora, Zacatecas y Sinaloa, sin dejar de lado la emboscada a la policía de Guerrero y el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Por lo visto, en un escenario de entorno económico adverso no sólo es previsible la crecida en asaltos y robos, entre otros delitos del orden común, sino un aprovechamiento de las organizaciones criminales para avanzar su control sobre los mercados ilegales o intentar obstaculizar la acción de las corporaciones civiles y las Fuerzas Armadas. Aquí también se hace patente la urgencia de profundizar la cooperación, pues una amenaza frontal y directa del crimen organizado a la autoridad no puede terminar en una liberación colectiva de personas presuntamente vinculadas a la actividad criminal de quien amenaza. Menos aun por las razones oficiales que se dieron a conocer (falta de presentación de pruebas, ausencia de testimonio de autoridades en las instancias judiciales). Ello sólo lleva a profundizar el temor en la población y a la percepción de que las instituciones se encuentran derrotadas.

Con estos botones de muestra queda claro que la polarización no es la respuesta a los retos nacionales. Seguir apostando a la distracción impulsada por personas públicas como el doctor John Ackerman o a la polémica con el presidente del Instituto Nacional Electoral no traerá una mejor calidad de vida a las personas. Sí, el abonar a los acuerdos y el dejar la confrontación electoral en manos de los partidos, no de quienes tienen la tarea de construir un mejor Estado.