Tiempos de soluciones

Nuevos tiempos se ciernen sobre la humanidad. Los epidemiólogos ya comienzan a calcular que esta situación nos llevará aún dos o tres años más y, con ello, estamos hablando de que por ahí de 2023 estaríamos en posibilidades de mirar nuevos horizontes.

En México, los gobernantes se enfrascan en ríspidos debates sobre cómo solucionar los daños de la pandemia; ejemplo de ello fue la discusión, hace unos días, en el Congreso para la instalación de un periodo extraordinario de sesiones para tratar los temas más urgentes de la agenda política nacional. A saber, las leyes reglamentarias y la “armonización legislativa” de las mismas derivada de la entrada en vigor, precisamente hoy, del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, así como, próximamente, si hay acuerdos, del nombramiento de los cuatro consejeros que integrarán el Instituto Nacional Electoral, cuya autonomía se ha visto “atacada” desde hace varios meses.

En entrevista con la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la yucateca Dulce María Sauri (PRI), para el programa Crear Puentes, con Martín Espinosa, que se transmite por GIN TV, me advierte que el debate subirá de tono en septiembre, cuando dé inicio el periodo ordinario de sesiones del tercer año de la actual Legislatura, pues en la primera semana de ese mes deberá llegar a la Cámara baja el paquete económico para el año próximo. No hay ninguna duda de que éste será inédito, como todo lo actual, debido a la fuerte recesión que trae consigo esta pandemia. Estará en juego no sólo el futuro de México, sino también su recuperación actual.

No sólo se cuestiona la necesidad de destinar más recursos al combate al covid-19. Se necesitan destinar más recursos a todo el sistema de salud del país. A ello, obviamente, se suma la necesidad de proteger el empleo y el ingreso de los mexicanos, “golpeados” desde antes de la emergencia sanitaria.

Pero, en fin, hablando de tiempo de soluciones con creatividad y audacia, destaca la renegociación de la deuda pública del estado de Yucatán, lograda recientemente por el gobernador Mauricio Vila Dosal, lo que le permitirá a la entidad contar con más recursos para enfrentar la crisis económica local. Las negociaciones emprendidas por el mandatario estatal lograron una reducción, para los próximos 12 años, de mil 500 millones de pesos en la deuda adquirida durante la gestión de la priista Ivonne Ortega Pacheco, de triste memoria para los yucatecos.

Esa carga económica para las finanzas yucatecas se derivó de los gastos de construcción y operación del Gran Museo del Mundo Maya, de Mérida. Como siempre, la obra significó un “jugoso” negocio paras quienes lo realizaron, pero una “sangría” para el pueblo que, para no variar, terminó pagando las consecuencias.

Monumento a la ineficacia y la opacidad en tiempos de Ivonne Ortega, la obra se realizó gracias a un polémico esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), esquema muy utilizado en el pasado reciente, a través del cual los “contratistas” del gobierno se beneficiaban con millones de pesos del dinero público. Obviamente, los gobernantes que participaban también se llevaban una gran “tajada”. En este caso, su construcción y operación se adjudicó a dos empresas del Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon.

Con este esquema, desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo 221 millones de pesos anuales y así sería durante 21 años; es decir, una cantidad total de 4 mil 643 millones, 11 veces más de lo que inicialmente se informó. Con la renegociación lograda por Vila Dosal, ahora sólo falta la aprobación del Congreso local, quien ya tiene la iniciativa de decreto para modificar el PPS, junto con las cartas de intención de las empresas acreedoras.