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Sociedades rotas

Martín Espinosa

Martín Espinosa

El fenómeno de la desintegración social, con todas sus consecuencias para la vida cotidiana de un país, ha sido objeto de estudio desde hace varias décadas por parte de sociólogos y especialistas en cuestiones políticas que, al amparo de los grandes cambios que ha vivido el mundo en este nuevo siglo, han escudriñado en el comportamiento humano, base de todo el proceso de rompimiento social que hoy experimentan muchas naciones del orbe.

En el caso de México, no son pocos los organismos, tanto locales como internacionales, a quienes preocupa el vertiginoso deterioro que ha experimentado la sociedad desde finales del siglo pasado, con la adopción de un modelo económico cuyas consecuencias ya desbordan los límites del deterioro político y de seguridad que se ve reflejado en instituciones caducas y desvencijadas que dejaron de responder a la exigencia ciudadana de mejores niveles de vida.

A raíz del fenómeno social y político que se generó el primero de julio, pero cuyos antecedentes se fueron fraguando desde hace varios años, diversos organismos latinoamericanos han dirigido su mirada al llamado “hermano mayor” de América Latina para advertir que el principal reto del próximo gobierno, que asumirá la Presidencia del país dentro de 18 días exactamente, será el “recomponer” toda la estructura de seguridad, hoy asediada por más de 40 grupos criminales que en los últimos años han diversificado su “campo de acción” delictiva, pasando del tráfico de drogas a otros delitos de “alto impacto”, como la extorsión, el secuestro, el robo de combustibles y de automóviles y las venganzas, lo que ha propiciado que en los últimos 18 años se hayan registrado 250 mil asesinatos, 36 mil 265 desaparecidos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 325 mil desplazados de sus comunidades por la violencia y centenares de fosas clandestinas en donde a diario aparecen restos humanos.

La gran tragedia que le ocurrió a México en materia de criminalidad, violencia y asesinatos fue que tanto gobernadores como alcaldes y corporaciones policiacas fueron cooptados por los grandes grupos delincuenciales que fueron infiltrando a las endebles instituciones y hoy controlan regiones enteras del territorio nacional.

Aunado a ello, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo gobierno federal recibirá un país en el que faltan cerca de 96 mil policías estatales que hagan frente al “crimen organizado”, además de falta de capacitación y la depuración de malos elementos. El diagnóstico nacional sobre las Policías Preventivas en los estados del país detalla que hasta noviembre se requerían 95 mil 989 agentes de seguridad para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, lo que significaría un total de 215 mil 155 efectivos.

Si a ello sumamos que hay estados donde la violencia cobra la vida diariamente a decenas de policías locales y federales, el panorama no es nada optimista. Por ejemplo, informes de inteligencia revelan que Tamaulipas ha sido la entidad más peligrosa y letal para los soldados del Ejército mexicano en los últimos 6 años. Se tienen documentados mil 700 ataques contra integrantes de las Fuerzas Armadas en 25 estados, en los que murieron 101 soldados y 548 resultaron heridos. Solamente en Tamaulipas se registraron en los últimos seis años 982 de esos ataques con 35 elementos muertos.

De tal magnitud es el problema de inseguridad con el que amanecerá el nuevo gobierno el primero de diciembre.

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