Los que siempre la pagan

En lo que no muchos reparan cada vez que existen problemas económicos, ya sean “recesiones”, “desaceleraciones” o, de plano, estancamiento económico, como le llaman algunos, es en el hecho de que las consecuencias de las crisis económicas que sufre un país siempre las pagan los más pobres. Es decir, cuando hay mal tiempo en un bosque, los que nunca ven la “luz” son aquellos pequeños árboles, los más débiles, a los que no les llega el alivio de un día de sol y viento regenerador.

Cuando uno escucha a los políticos decir que su principal preocupación “son los más pobres” hay que alarmarse porque pareciera que con sus decisiones lo que menos les importa es cuánta gente va a engrosar las filas de la precariedad social y económica, como ha sucedido desde hace décadas en el país.

Y es que no se entiende cómo, a pesar de que cada vez la clase gobernante es más nutrida y es la que reparte el dinero público, estados y municipios son cada vez más pobres, con las consecuencias que ello acarrea para la gobernabilidad de una nación.

El común denominador de lo ocurrido en otros momentos, cuando México entró en una fase de desaceleración económica, fue el subestimar su existencia, tendencia, profundidad y efectos que ello tendría sobre el bienestar social y el futuro de las capacidades potenciales del sistema productivo, según advierte, en un profundo estudio, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A. C.

Analistas del sector financiero del país coinciden en que “el resultado de ello fue pobreza, bajo crecimiento y desigualdad estructural, que tienen a la precarización del mercado laboral y del entorno empresarial como común denominador”, agrega el estudio.

A diferencia de otros momentos, el agotamiento del modelo económico aplicado desde 1982 no deja espacio para la ausencia de crecimiento y generación de empleo. Ya no existe margen social para una nueva recesión.

Concluye el documento que, por ello y ante la debilidad y precarización estructural del mercado laboral (con el impacto que tendrá en el consumo privado), la desaceleración industrial de Estados Unidos, la merma en los ingresos del sector público y la menor inversión física para el 2020 por parte de este último, se refrenda la necesidad de un programa de reactivación económica en torno a un acuerdo nacional que tenga como ejes la preservación del empleo y el fomento de la inversión privada a través de una nueva política industrial. De otra forma, el último trimestre de 2019 y el primero del 2020 terminarán por confirmar lo que aún es tema de reflexión en algunos análisis: la economía mexicana se encuentra en recesión y su profundización tendrá un efecto negativo sobre el bienestar social a través de una mayor precarización del mercado laboral, que podría llegar a través de la pérdida de empleo.

Se va a requerir un aumento significativo de la inversión productiva en sectores como la construcción o la metalmecánica, para lograr una reactivación sostenida de la industria nacional, algo particularmente complejo si el sector automotriz y la industria de exportación se siguen debilitando por la desaceleración que ya se observa en la industria de Estados Unidos.

Queda claro, entonces, que las crisis económicas siempre perjudican a los más pobres y la única manera de salir de ellas es con inversión en infraestructura y producción que se traduzca en más y mejores empleos, y no con dádivas que en nada contribuyen a sacar a la gente de su precaria situación.

De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, entre 2005 y 2019 se perdieron 2.5 millones de empleos, a los cuales les pagaban más de cinco salarios mínimos mensuales (15 mil 400 pesos), y 3 millones con entre tres y cinco salarios mínimos (entre nueve mil 241 y 15 mil 400 pesos).

El deterioro de las condiciones laborales implicó que en esos 15 años se registrara un aumento de 7.8 millones de puestos laborales en el rango que paga entre uno y dos salarios mínimos, o sea, salarios de entre tres mil 80 y seis mil 161 pesos.

Resultado de la desaceleración: vemos un mercado laboral más deprimido, tanto en generación como en condiciones de contratación, principalmente en materia de condiciones. Ante este panorama, lo que menos necesita la población es recibir limosnas que en nada le resuelven el problema a mediano y largo plazos. Eso sería ver por los pobres y no convertirlos en “botín electoral”, como siempre ha sucedido.