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Licitaciones transparentes

Martín Espinosa

Martín Espinosa

Desde diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una postura firme con respecto a la prioridad del gasto público, lo que ha significado el cambio en la forma de administrar las compras de insumos del sector salud. Estas nuevas reglas buscan erradicar a quienes durante años han realizado las adquisiciones pasando por alto las necesidades de los pacientes o “inflando” los precios para un beneficio personal, con la consecuente adquisición de productos de baja calidad.

Actualmente, con el objetivo de disminuir los altos niveles de corrupción, los procesos se están centralizando y se realizan de forma consolidada, reduciendo el número de ejercicios licitatorios y haciendo más productivos los procesos tanto para las unidades compradoras como para los participantes. Sin embargo, estos procesos deben adaptarse a las nuevas reglas, desplazando los malos manejos de gobiernos anteriores; en otras palabras, procesos que se hayan gestionado antes de que el Presidente rindiera protesta, debieran ser revisados y evaluados antes de ser publicados o adquiridos dichos insumos.

Cabe resaltar que políticamente se le dio más peso a la licitación ya publicada de adquisición de medicamentos; sin embargo, este proceso tiene la misma o mayor importancia en términos clínicos, políticos y económicos que la licitación de aparatos médicos, ya que el presupuesto asignado es igual o mayor al de medicamentos.

Fuera de los parámetros de austeridad, anticorrupción y de apertura de mercados que el actual régimen aplica en la compra de bienes y servicios públicos, en la Dirección de Administración del IMSS se prepara la licitación de compra de equipos de atención médica, con el fin de beneficiar a las empresas que tradicionalmente han tenido el monopolio —y con altos precios— de la venta de tomógrafos, ultrasonidos, ecocardiógrafos, ventiladores neonatales de cuidados intensivos y otros aparatos para detección y atención de padecimientos mayores.

El proyecto de bases No. PC-050GYR040-E1-209 incluye a detalle las especificaciones de compra por un valor cercano a los cinco mil millones de pesos, una operación que para el propio instituto será más relevante que la compra misma de medicamentos en la licitación consolidada de la Secretaría de Salud. Pero a diferencia de la compra de medicinas, la del equipo del IMSS no está bajo la supervisión y control de la Oficialía Mayor de Hacienda.

Incluso, el detalle con que se definen las compras en el proyecto mencionado revela que la elaboración del proceso es notoriamente anterior a la llegada del actual director, Zoé Robledo, y que incluso pudo haber sido anterior a Germán Martínez. Para dirigir la compra, los encargados de organizarla utilizaron tres mecanismos: a) Establecer candados en el proyecto (sólo pueden participar proveedores originarios de países con los que México tiene acuerdos comerciales); b) Establecimiento de condiciones de entrega y cumplimiento del proveedor que sólo pueden cumplir los tradicionales proveedores, excluyendo a empresas pequeñas nacionales y otros competidores internacionales, y c) Manipulación en las bases de especificaciones técnicas y de operación de los equipos médicos para que sólo puedan ser cumplidas por un reducido grupo de empresas; es decir, establecen condiciones “hechas a la medida” de los proveedores “consentidos”. Estos parámetros de “compra dirigida” son los más susceptibles de actos de corrupción.

Se desarrolló un proyecto que, por un lado, restringe la competencia internacional en contra del principio establecido por el gobierno de López Obrador de buscar los mejores proveedores a mejor precio para las compras públicas, principio que se aplicó ya en la compra de medicinas en donde empresas de la India ganaron tres importantes claves de suministro y se convirtieron el primer proveedor internacional de México.

Con todo ello, se intenta hacer que el IMSS gaste una cantidad elevada en equipamiento en una licitación dirigida, sin competencia y con altos precios.

Una compra así resultaría ruinosa para un Instituto, que enfrenta una frágil situación financiera y que comprometería los principios de austeridad y anticorrupción en los que se empeña el actual gobierno.

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