Legislar por la salud
Al modificar la Ley General de Salud se propone que la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponda a las instituciones de Educación Superior y de Salud, oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes
Poco se ha hablado de la propuesta de reforma al artículo 81 de la Ley General de Salud, presentada por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario de Morena; sin embargo, esta iniciativa ha generado un gran júbilo entre miles de estudiantes y pasantes de la carrera de medicina en todo el país, ahora que se habla de mejorar las condiciones laborales en las que durante décadas han realizado sus prácticas profesionales los llamados “internos” y luego, como “residentes”, con el grado de R1, R2 o R3 para obtener la especialidad médica.
Es imperativa la modificación al marco normativo legal que ha generado “estructuras paralelas” al gobierno con una clara visión de “negocio”, por encima del fortalecimiento del Estado como rector de la actividad médica. Al modificar la Ley General de Salud se propone que la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponda, a partir de la reforma, a las instituciones de Educación Superior y de Salud, oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
A lo largo de los últimos años, los profesionales de la medicina han hecho señalamientos en contra de las facultades supralegales que se le han otorgado al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), una asociación civil a la que el Gobierno de Felipe Calderón, en el año 2011, por medio de una reforma a la ley en la materia le otorgó el control de la certificación médica en México, impulsada con el falso estandarte de fomentar una mayor profesionalización y exigencia a los médicos que pretendieran cursar una especialidad, así como para garantizar una mejor atención médica a los pacientes, objetivo que hasta hoy no se ha alcanzado. Pero además se cometió la aberración de que se le otorgaran a una asociación civil el privatizar, monopolizar y limitar el desarrollo de las especialidades médicas en México.
Sin importar su poca transparencia, el CONACEM continúa siendo hasta hoy la encargada de certificar a cada uno de los 140 mil médicos que hay en el país, por encima de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la propia Dirección General de Profesiones. Sólo en México sucede que los médicos deben de pagar a un particular por un proceso de certificación o recertificación, dejando en entredicho su especialidad aun cuando ha sido avalada por la Dirección General de Profesiones y realizada en un centro médico debidamente acreditado.
La propuesta de reforma de la Ley General de Salud, presentada por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, tiene por objetivo que la expedición de la Cédula de Médico Especialista será responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones; con esto, la certificación en cualquier área de la salud estará a cargo de órganos del Gobierno especializados en la materia, además de que ofrece de manera gratuita acceso a una base de datos para corroborar las credenciales del galeno.
Sin embargo, dentro de la reforma a la ley de salud persiste un grave error: el CONACEM tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades y destrezas de los médicos y especialistas. Asimismo, en el Artículo 272 Bis de la Ley de Salud se siguen otorgando facultades supralegales y se mantiene como un monopolio de los profesionales de la salud al CONACEM, asociación civil que preside Onofre Muñoz, misma que fue beneficiada en 2011 por el expresidente Felipe Calderón, con el objetivo de hacer un gran negocio al dejar de lado el interés primordial que debe tener el ejecutivo, que es la salud de los mexicanos.
El CONACEM debe ser extirpado de raíz del sistema médico nacional; las universidades ya sean públicas o privadas deben ser quienes coadyuven junto con la Secretaría de Educación Pública al entrenamiento, habilidades y destrezas de los médicos especialistas. El legislador debe regresar la certificación médica al Estado y desmantelar los grupos que por décadas han utilizado los servicios públicos para beneficiarse y enriquecerse. Estamos ante la oportunidad de que las reformas se hagan a fondo y de una sola vez para terminar con los privilegios que tanto han dañado al país.