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Golpe al conocimiento

Martín Espinosa

Martín Espinosa

En su afán por conseguir y “centralizar” más recursos financieros, hoy tan escasos debido a la caída de la Economía - entre otras cosas por la pandemia que enfrenta el mundo -, el gobierno federal ha propuesto en el Paquete Económico para el año próximo y que analiza ya el Congreso, la desaparición de más fideicomisos con participación federal lo que continuará la afectación a muchos programas que tienen qué ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país; afectación al conocimiento, para acabar pronto.

Hace unos días, Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, aseguraba que por la indefinición de los fideicomisos están “atorados y estancados” alrededor de 150 mil millones de pesos, los cuales se va a buscar “liberar” para el gasto en la Secretaría de Salud; insistió el legislador en que se tienen que seguir las medidas de austeridad y que ahora los fideicomisos “no son lo mejor”. Ayer, martes el propio Delgado redujo la cifra a 68 mil millones.

Lo que han advertido los conocedores de la realidad mexicana es que sin recursos para que el Estado invierta en el desarrollo del conocimiento a través de la ciencia y la tecnología, nuestro país difícilmente podrá hacer frente a los retos que ya tocan a la puerta y que son resultado, entre otros factores, de la más reciente crisis mundial que desató a principios de año el nuevo coronavirus que ya lleva un millón de seres humanos fallecidos, según las últimas cifras oficiales.

Uno de los puntos a debate en San Lázaro es, precisamente, la serie de iniciativas que proponen extinguir alrededor de 109 fideicomisos. Esta misma semana, diversos sectores de la sociedad han insistido en la gravedad que representará eliminar aquellos destinados a generar conocimiento e investigación. Ningún país que no le apueste a la ciencia y a la tecnología ha logrado avances sustanciales que le permitan salir de la pobreza y el rezago que ha caracterizado a los llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo.

Ahí está el ejemplo de Corea del Sur, que hace 20 años era un país que tenía menor inversión en ciencia y tecnología que México. Hace algunos años decidieron por política pública invertir más del 7 por ciento del PIB y están ya en los primeros lugares mundiales. El nuestro sigue apostándole a menos del uno por ciento de su Producto Interno Bruto y, ahora, posiblemente recortado.

Recientemente, el Sindicato del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) lanzó un exhorto a los legisladores para que no aprueben el proyecto de dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja mediante el cual se reforman y derogan 14 leyes y se extinguen 44 fideicomisos públicos, entre ellos todos los de ciencia y Ttcnología, por representar un “duro golpe” al conocimiento en el país.

Argumenta que el fideicomiso de referencia es indispensable para atraer recursos adicionales a los que el CIDE recibe del presupuesto federal, los cuales son cada día más exiguos. Es decir, lejos de mermar la hacienda pública, estos recursos la complementan, porque —de hecho— la mayoría de ellos proviene de terceros: organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, dispuestas a invertir en los proyectos de investigación, docencia y vinculación que llevan a cabo.

Gracias a esos recursos pueden realizarse proyectos de investigación multianuales, no sujetos a la incertidumbre de los procesos anuales de presupuestación. Con esos recursos también se financian muchos elementos que permiten mantener condiciones laborales dignas y seguras: mantenimiento a la instalaciones, compra y modernización de equipo, material para la biblioteca CIDE/Centro de Información, becas para los estudiantes y asistentes de investigación.

Cuando se pretexta “la opacidad” con que se aplican esos fideicomisos como argumento para desaparecerlos salta a la vista la serie de mecanismos que hoy existen, en el caso del CIDE, para vigilar, transparentar y rendir cuentas que permiten conocer cómo se ejerce cada peso que ingresa y sale de ellos, ya que todos sus movimientos y resultados son publicados. Cuenta, además, con un comité técnico cuyas decisiones son colegiadas y tiene el mandato de supervisar que el uso de los recursos cumpla con los objetivos y resultados para los cuales fueron otorgados. Lo que está en juego en todo ello es, nada más y nada menos, que el futuro del país.

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