El muro de la realidad

Atrás quedaron las promesas del entonces candidato a la Presidencia de que en sus primeros tres años bajaría la violencia que desde hace más de dos décadas viven muchas regiones del país, dominadas prácticamente por las diversas bandas criminales que, lejos de haber sido debilitadas o extinguidas por las instituciones del Estado, cada día cobran más presencia en vastas zonas del territorio nacional.

Todavía el 22 de abril de 2019, el primer mandatario prometió que en seis meses (contados a partir de aquella fecha, luego de la masacre ocurrida en Minatitlán, Veracruz, en la que murieron 14 personas, incluidas un bebé) bajarían los niveles de violencia provocada por las mafias del narcotráfico, hoy dedicadas a un sinfín de actividades ilícitas que han proliferado a raíz del vacío institucional agravado por la pandemia que lleva más de un año.

En lo que va de este año, marzo fue el mes más violento; registró un incremento de 12.1% en víctimas de homicidio doloso en el país, al registrar 2 mil 944 asesinatos. 2021 comenzó con 2 mil 835 homicidios, mientras que en febrero hubo 2 mil 628. Tan sólo en el primer trimestre del año las cifras oficiales dan cuenta de casi 8 mil 500 crímenes.

Resulta paradójico que el actual candidato de Morena al gobierno de Sonora, hasta hace cinco meses secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo, no haya podido siquiera sentar las bases para disminuir la comisión de delitos en la entidad que pretende gobernar. Los sonorenses registraron el mes pasado incrementos que los colocan en el segundo sitio, abajo del Estado de México, en cuanto a delitos como violación y lesiones dolosas, junto con Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca.

Hace unos días, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo a cifras del año pasado: de ellas, 18 son mexicanas. De hecho, las primeras 6 de la lista son ciudades de nuestro país. En riguroso orden, de mayor a menor violencia, figuran Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada.

Ello habla del rotundo fracaso de la llamada Guardia Nacional, que aún no termina por consolidarse en todo el país. Vaya, muchos destacamentos ni cuarteles tienen. La promesa presidencial es que para el año próximo ya estarán los 260 cuarteles que se requieren. Hoy, sólo existen poco más de 80 ya terminados y otros tantos en construcción.

Recientemente, Ricardo Ravelo —analista en temas de narcotráfico y seguridad— reflexionaba sobre el fenómeno que se extiende a muchas regiones del país y que hoy está cada vez más exacerbado en zonas como Aguililla, Michoacán, tierra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, donde dos grupos criminales se disputan el paso de drogas, como el fentanilo y la heroína hacia Estados Unidos. “Lo que se observa en casi tres años de gobierno del presidente López Obrador es que no hay una estrategia clara para enfrentar al crimen organizado. Aun con la militarización histórica que vive el país, no hay estrategia contra la violencia que provocan los grupos criminales”, enfatizó.

De nada sirve que haya una militarización “abrumadora” si ésta no actúa contra el crimen organizado.

El riesgo aumenta cuando estamos por realizar la mayor elección en la historia democrática de México, con más de 21 mil cargos que vamos a elegir millones de mexicanos el próximo 6 de junio.

Advierten los analistas que si el crimen organizado se mantiene como está hasta ahora: intocado e impune, esto se está convirtiendo en un verdadero narcoestado, donde las mafias sí tienen una participación muy activa en las elecciones. Van más de 100 muertos de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿será el crimen organizado el gran elector del 6 de junio?

Sin duda alguna, los nexos entre la política regional en varias zonas de México con los capos del narcotráfico en esos lugares han fortalecido, en lugar de erradicarlos, los intereses de quienes incluso son capaces de colocar alcaldes y diputados al servicio de los grupos delincuenciales. Y pensar que todo comienza con el respeto a los preceptos constitucionales.

No se puede hablar de un Estado de derecho por parte del gobierno federal si éste no cumple siquiera con lo que marca nuestra Carta Magna.