Justicia: gran pendiente

No necesitan venir al país organizaciones internacionales a decirnos lo que los mexicanos vivimos diariamente con nuestro sistema de procuración de Justicia. Basta con acudir a una agencia del Ministerio Público local o federal para constatar que todo el “andamiaje” de las procuradurías está “desvencijado”, es obsoleto y tiene ese “tufo” de corrupción que ningún gobierno en los últimos años le ha podido quitar, por más promesas que nos hacen frecuentemente a los ciudadanos.

¡Ah! Pero llega un organismo internacional a denunciar que en un caso concreto hubo negligencia de las autoridades, falsificación de pruebas, manipulación de la escena del delito y hasta corrupción de policías y, entonces, se “arma la grande” y le damos la “credibilidad” a sus dichos en algo que sabemos y vivimos diariamente hasta el cansancio. Y si no, que lo digan las víctimas de tantos casos no resueltos por la autoridad en décadas en el país. Casos sobran.

¿Cuál ha sido la razón por la que los gobiernos han sido omisos en una verdadera reestructuración de todo el aparato de procuración de justicia en México?

Razones hay muchas, pero todas se concentran en la falta de voluntad de los políticos por modificar la manera en que funcionan los sitios a donde acude un ciudadano a denunciar un delito. Si en algo ha contribuido esa enorme falla es al desinterés de la víctima por denunciar los ilícitos debido a que sabe que nunca prosperará su demanda si no cuenta con alguna palanca que agilice la investigación y dé con los verdaderos responsables. Y muchas veces ni aun así.

Posteriormente, el siguiente eslabón en la cadena de ineficiencias es la impunidad que produce el que la autoridad no investigue. Es el “caldo de cultivo” de lo que llaman la impunidad. Y si a eso sumamos que en la mayoría de los casos el “debido proceso” se viola por la autoridad, el delincuente obtiene su libertad inmediatamente por “violación” a sus derechos humanos. Ejemplos sobran.

El resto de los eslabones únicamente contribuyen a que la cadena de complicidades se haga cada vez más larga y abarca desde las presiones que recibe quien denuncia un delito, hasta a los abogados que “se las saben de todas todas” para buscar aquellos “resquicios” de la ley que les permitan obtener penas menores para sus defendidos, en el mejor de los casos, o su liberación en el peor de los escenarios.

De ahí la frustración del denunciante que ve poca efectividad en su querella y, por ello, prefiere ya ni acudir al Ministerio Público porque es pérdida de tiempo.

Por ello, organismos internacionales vendrán y se irán y las cosas no van a cambiar hasta que los gobiernos locales realicen un esfuerzo conjunto con la sociedad para cambiar esa realidad que a diario nos avasalla. Vendrán quizá otros casos lamentables como el ocurrido hace casi dos años en Iguala, Guerrero. Volveremos a escandalizarnos de las denuncias y la manera en que se “atora” la procuración de justicia. Pero una vez más, mientras no exista un verdadero cambio en todo el procedimiento y los aparatos que intervienen en la procuración de justicia, hoy anquilosados, seguiremos padeciendo el mismo mal. Ni la presión internacional ha podido cambiar las cosas.