Las ladies y los jueces

El juez, más que abogado, es ingeniero de la justicia. El papel que juega dentro de una sociedad es crucial, pues le corresponde construir confianza. Hacer que el derecho, que no es otra cosa que aspiraciones de valores humanos, se vuelva algo real, concreto, tangible, valioso, útil. De la hipótesis contenida en la ley, al juez corresponde volverla real, efectiva, y el mundo espera que la convierta en justa. El derecho se encarna en la persona del juez.

El Estado tiene, por tanto, la responsabilidad de nombrar jueces que asuman la responsabilidad de hacer que en el mundo real, no en el de las disquisiciones académicas, su sentencia coincida con la verdad. Un juez puede, si no logra hacer que coincidan justicia y verdad, volver lo negro blanco y lo blanco gris, pero más grave aún: lo justo, convertirlo en injusticia. Pues una vez que la sentencia es definitiva, sea justa o no, todos, a partir del Estado, que garantiza el orden jurídico, deben obedecerla, así resulte monstruosa. Por ello, más que el buen juez que por su casa empieza, una buena casa no podría existir sin jueces que garanticen su existencia.

Cuando en una sociedad hay tensiones y surgen los conflictos, los jueces están para restaurar la armonía. Son los hacedores de la paz social. Su papel es discreto y no bien comprendido. Se les acusa de atender las consignas del poder o de ser rémora para el avance social. Generalmente no están para quedar bien. Hace unos días, con motivo de la incapacidad de la Cámara de Diputados para nombrar una vacante del Instituto Federal Electoral, como lo había ordenado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de los diputados exclamó ante las cámaras de televisión que el asunto controversial de que el Tribunal pudiera nombrar a quien ocupe esa vacante ante la inacción de la Cámara, “que la Suprema Corte lo resuelva”. Un buen signo. El malo es que la Cámara por falta de arreglos políticos no cumpla con sus tareas.

En Estados Unidos la Corte terminó su periodo de sesiones y se fue de vacaciones veraniegas. Una de sus últimas decisiones generó una nueva controversia cuyo contenido es eminentemente político: la Corte resolvió que los estados tienen ciertas facultades para expedir leyes electorales sin la supervisión del gobierno federal. No obstante, después de la decisión judicial, el gobierno de Obama comunicó a los estados que antes de hacer modificaciones a sus procedimientos electorales deben pedir permiso al gobierno, bien sea al Departamento de Justicia o a un juez federal. La medida es para garantizar que no se vulneren los derechos electorales de las minorías, concretamente de los “hispanos” de Texas y otros estados del sur. Los republicanos que gobiernan estos estados han intentado medidas de identificación de los votantes muy estrictas, lo que inhibe la participación de los electores de las minorías.

La controversia es que los republicanos, apoyados en una Suprema Corte que es todavía conservadora (5-4), pretenden reforzar los procedimientos para evitar fraudes, según dicen, mientras que los demócratas, apoyados por la Casa Blanca, aducen derechos de minorías, que son las que votan por ellos. La decisión de la Corte fue mal recibida por los demócratas; la decisión del gobierno de Obama, mal recibida por los republicanos.  

En la última encuesta Gallup, a principios de junio, la Corte de ese país cayó al nivel más bajo de aprobación pública: 43% frente a 61%, hace cuatro años. Más grave para el presidente de esa Corte es que la aprobación de su gestión cayó a 31 por ciento. Solamente que 22% de los encuestados no tenían opinión y 22% dijeron nunca haber oído hablar de John Roberts.

Los tribunales tradicionales enfrentan muchos retos y la modernización que hace falta no es únicamente la que tiene que ver con la utilización del cómputo, la comunicación a distancia, la digitalización de actuaciones, la utilización de internet, sino el reconocimiento del fenómeno de las redes sociales como coadyuvantes informales de la justicia. No puede olvidarse que la gran mayoría de los asuntos se “litigan” en redes sociales aun antes de que lleguen a los tribunales. En México tenemos ya muchos ejemplos: las ladies de Polanco, de Profeco, de la Roma o el inspector de Tabasco que lastima niños tzotziles. El dilema es si en busca de la justicia estas nuevas señales deben tomarse en cuenta o simplemente trabajar con lo que contienen las actuaciones judiciales en un expediente retacado de papeles.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM