Desigualdad y discriminación

Hay, sin embargo, otros casos de violencia, casi invisibles o imperceptibles para la mayoría de la población, en los que tanto la sociedad como las instituciones se convierten en espacios y vehículos de la discriminación. Éstos se expresan fundamentalmente en los indicadores de desigualdad y pobreza que caracterizan a grupos y sectores específicos de población que ven constantemente vulnerados sus derechos.

Los datos disponibles permiten sostener que la pobreza de algunos grupos se explica en buena medida por la discriminación histórica de que han sido víctimas. La cuestión es relativamente sencilla de comprender: si la discriminación no fuese un factor determinante de la pobreza de algunos grupos, entonces, se distribuiría de manera relativamente uniforme entre toda la población y las variaciones se explicarían por otros factores, como el territorio, por citar sólo un ejemplo.

Al contrario de lo anterior, lo que se encuentra es que entre las personas indígenas y hablantes de lenguas indígenas o entre las personas con alguna discapacidad, los porcentajes de pobreza son mucho más elevados que entre la población no indígena y entre quienes no tienen discapacidad.

Desde esta perspectiva, a pesar de los esfuerzos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación por generar información que nos permita dimensionar la magnitud y los efectos de la discriminación, hacen falta todavía mucho más estudios y diagnósticos que permitan ubicar en su justa dimensión todo lo que nos falta por hacer en la materia.

Por ejemplo, en materia penal, no sabemos cuántos homicidios de mujeres son cometidos en razón de su sexo, cuántos casos de lesiones o intentos de homicidio se cometen en razón de las preferencias sexuales o las creencias religiosas o a cuántas personas le son negados servicios públicos o privados por su color de piel, pertenencia étnica u origen territorial.

En materia económica no tenemos un indicador que, al igual que el coeficiente de Gini, permita conocer cuál es la intensidad o profundidad de la desigualdad que afecta a los grupos de población señalados, además de las niñas, niños y adolescentes o las personas adultas mayores.

En materia de derechos humanos, más allá del esfuerzo llevado a cabo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de medir la pobreza por grupos de población, no contamos con un instrumento que nos permita abarcar el amplio espectro del artículo primero constitucional, y dar seguimiento en el tiempo, con el propósito de generar políticas públicas y acciones afirmativas que permitan reducir las disparidades, y fundamentalmente avanzar hacia la construcción de una política de Estado que permita erradicar y sancionar la discriminación.

El racismo, la xenofobia, el clasismo económico, la misoginia y el machismo son todas expresiones que deben ser eliminadas de nuestro contexto cultural; y de hecho, su existencia en nuestra sociedad debería ser considerada de manera generalizada como intolerable.

La relevancia que esto tiene puede verse claramente en el caso europeo, y las terribles manifestaciones de agresión y violencia contra los refugiados y migrantes; o más recientemente, en el caso de Donald Trump, pues el problema no es que sea un racista empedernido, sino que, gracias a ello, mantenga la mayoría de las preferencias de los militantes del Partido Republicano en Estados Unidos.

Debemos comprender que los contextos generalizados de pobreza y desigualdad abren paso a discursos identitarios, que históricamente han derivado en actos de violencia bárbara que aún nos alcanzan y avergüenzan como humanidad. Por ello urge otra cultura: una de inclusión, de tolerancia y de convivencia de la pluralidad y la diversidad, porque a final de cuentas eso es precisamente lo que nos hace ser lo que somos y lo que podemos llegar a ser.

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