¿Una segunda amnistía?

A cada pregunta de cómo resolver los grandes problemas nacionales como la desigualdad, la pobreza, la inseguridad o la falta de crecimiento, la respuesta fue siempre: acabando con la corrupción. La extendida corrupción en el sexenio y la promesa de que ésta sería eliminada fueron determinantes en su triunfo.

Al mismo tiempo y desde el mismo día en que presentó su registro como precandidato a la Presidencia adoptó la bandera del Estado de derecho: “A partir del primero de diciembre del 2018 habrá un Estado democrático de derecho. Se aplicará al pie de la letra el criterio de que, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley nadie” (12-12-2017).

Poco antes de terminar la campaña, hizo suyo un discurso conciliador que ha seguido de manera consistente hasta el día de hoy. Desde entonces comenzó a hablar de que no emprendería una cacería de brujas; que no estaba por la venganza. Ni siquiera en contra de la mafia en el poder. La última declaración al respecto la hizo su próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien descartó una cacería de brujas contra líderes sindicales. Pareciera que reconciliación es igual a perdón.

Pienso que la idea de la “cacería de brujas” está mal empleada. Más allá de sus orígenes históricos, la cacería de brujas se entiende hoy como la persecución a personas o grupos de personas independientemente de su inocencia o culpabilidad y sin respetar el debido proceso. El caso puede ejemplificarse con el macartismo estadunidense (1950-1956) que consistió en “un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas” que acabaron en la cárcel o, incluso, con la pena de muerte.

Nunca he pensado que López Obrador quisiera emprender una cacería de brujas en el sentido estricto de la palabra, o sea, hacer de sus adversarios, de sus críticos o, incluso, de sus enemigos unos presuntos culpables con métodos al margen de la ley. Pero entre la cacería de brujas y la impunidad hay un gran trecho. En el punto medio está la justicia. Ésa que prometió.

Es difícil reconciliar la idea de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie con la de la impunidad. Pero, quizá, lo que nos quiere decir es que hay una manera: el “Borrón y cuenta nueva”. O sea, será a partir de diciembre de 2018 que nadie estará por encima de la ley.

López Obrador tiene un bono democrático de proporciones desmesuradas producto de las urnas. Un bono que se está interpretando como un cheque en blanco. Ocurre lo contrario que con Salinas de Gortari, quien tuvo un déficit de legitimidad democrático suplido por el desempeño en el gobierno.

Pero la legitimidad que proviene de las urnas es perecedera. Si no se acerca a sus promesas de campaña puede fracasar. Si no inicia investigaciones sobre los actos de corrupción que denunció una y otra vez y que mayoritariamente se concentran en personajes que trabajan en la actual administración federal o en gobiernos estatales de los distintos partidos políticos, vendrá una ineludible y legítima decepción.

Hasta el momento no ha planteado el borrón y cuenta nueva para la corrupción, pero hay señales que apuntan hacia allá. Simbólicamente están los elogios al presidente Peña Nieto, su insistencia en la reconciliación y la necesidad de mirar al futuro. Más importante es el antecedente de la amnistía al crimen organizado que tanta ámpula ha provocado. La idea no se ha concretado, pero sigue vigente. En los foros por la paz que iniciaron ayer en Ciudad Juárez, aparecen tres ejes temáticos para aterrizar la idea: a) materializar el Pacto de Reconciliación Nacional; b) desarme, desmovilización y reinserción de la delincuencia organizada y c) garantías de no repetición.

Si se piensa en amnistía al crimen organizado, no veo lejano que se plantee lo mismo para la corrupción. Es una apuesta arriesgada y reprobable por la mayoría. Los electores se sentirán legítimamente engañados.

El castigo a los actos de corrupción son un disuasivo de la comisión de delitos en el futuro. Pero igualmente importante es la independencia y las capacidades de la futura fiscalía, los diques para que no sea utilizada como aparato político al servicio del Presidente en turno, la supresión de la discrecionalidad en la asignación y ejercicio de los recursos, la eliminación del dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales, el uso de tecnologías y procesos de digitalización en los actos administrativos y trámites más sensibles, la transparencia en los recursos gastados en publicidad... De este tipo de medidas NADA hemos escuchado. De castigar los delitos que fueron el centro gravitacional de su campaña tampoco. Del cuidado en la elección de su gabinete y otros puestos de alto nivel como los superdelegados, menos. ¿En dónde quedó, entonces, su principal promesa?