Un expediente peligroso

Hubo una excepción: los consejeros del INE. A todos los actores menos a ellos les extendió su “mano abierta y franca”. La magia de la reconciliación tuvo su primera fisura el 18 de julio cuando el INE anunció una multa de 197mdp a Morena por el manejo irregular del fideicomiso Por los Demás constituido para beneficio de los damnificados del sismo. Todos los partidos estuvieron advertidos que entregar dinero o cualquier material a la gente era considerado una dádiva y, como tal, estaba prohibida. Con todo, probar que recursos públicos o privados recibidos por los partidos o gobiernos terminan en actividades electorales es sumamente complicado. No se le ha podido probar al priista Alejandro Gutiérrez, quien presuntamente desvió recursos del gobierno de Chihuahua para fines electorales y no se ha acusado a Morena de ello.

Pero entregar dádivas no es la única conducta ilegal. También lo son: las violaciones a las disposiciones sobre financiamiento público y privado para los partidos, la simulación en la constitución de un fideicomiso, el manejo de dinero privado aportado por personas físicas sin plena identificación, rebasar el límite permitido para recibir donaciones en efectivo, asignar el dinero entre los fideicomitentes o aceptar ingresos de empresas porque están impedidas por ley para aportar recursos a los partidos.

Por otro lado, llama a sospecha que el domicilio del fideicomiso sea el mismo que el de la sede nacional de Morena, que 84% de los aportantes identificados como fideicomitentes adherentes sean legisladores del partido, que se lleven a cabo operaciones casi siempre de 50 mil pesos con diferencia mínima de segundos y que ocurran en unas cuantas sucursales o que en los videos de las cajas bancarias se aprecie a un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Dados todos estos indicios, el INE cumplió con su obligación de dar vista de las irregularidades a la Fepade, el SAT y la PGR.

Independientemente del desenlace legal que tenga el caso, la reacción de AMLO ante la investigación y la multa fue de descalificación absoluta: los consejeros avalaron el fraude de 2006, son conservadores y corruptos, no quieren que las cosas cambien, actuaron de manera facciosa y de mala fe, fue una vil venganza, quieren manchar el triunfo, es un golpe político y artero, actuaron tendenciosamente, es una institución de negro pasado. Después, AMLO incorporó a la Secretaría de Hacienda a sus descalificaciones y ahora estamos frente a un complot para usar información oficial con fines políticos. No le bastó su incuestionable triunfo, el profesionalismo e imparcialidad del árbitro durante el proceso electoral ni las sanciones a otros partidos. Este tipo de reacción no es privativa de AMLO. Cada vez que en este país se pretende hacer justicia sale a relucir la motivación política. Los méritos del caso pasan a un segundo plano y las investigaciones se detienen para evadir el cargo de “politización de la justicia”.

Si esto sigue así el propio AMLO se verá atado de manos cuando como titular del Ejecutivo, tenga que perseguir los delitos de corrupción, violación a los derechos humanos o asociación delictuosa. Cada vez que se abra una carpeta de investigación, cada vez que inculpe a un adversario, cada vez que un juez dicte sentencia, se podrá argüir que, ahora, es él quien encabeza un complot.

El comportamiento de AMLO frente al INE abre un expediente peligroso. Será presidente de México el próximo 1º de diciembre y si no cree en las instituciones y en las normas que las sostienen, incluidas las que determinan sus propias facultades, establecen sus alcances y decretan las sanciones por extralimitarse, estaremos en problemas muy pronto. Ya nos dio una probadita refiriéndose a la multa del INE: “Todo esto se ha difundido en los medios conservadores, no se me va a olvidar … Yo no odio, pero no olvido”. ¿Qué es lo que no va a olvidar?

Como presidente tendrá que acostumbrarse no sólo a la crítica, sino a las resoluciones contrarias a sus disposiciones, a no salirse siempre con la suya y a la falibilidad de sus decisiones. Tendrá, que acostumbrarse a no confundir la honestidad con la legalidad a la que está obligado en el ejercicio del poder. Si cada vez que el Poder Legislativo o el Poder Judicial, si cada vez que un órgano autónomo o cada vez que un poder local contravenga su mejor juicio va a descalificarlos, o a decirle a sus integrantes “maiceados y alcahuetes”, quedarán tres vías. Una peor que la otra: su captura para que estas instituciones estén a su servicio, el desacato de sus decisiones o su disolución.

Ése es uno de los grandes problemas de México: creemos en las instituciones hasta que deciden algo que no nos conviene. Hasta ahí llega nuestra institucionalidad.

Investigadora del CIDE

amparo.casar @gamail.com      

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