Mayorías: armas de doble filo

Cuando los poderes convergen hay ciertos peligros. No se trata del llamado mayoriteo. Si hay mayorías y se construyeron “por las buenas”, es legítimo hacerlas valer.

Pero además de representar y legislar, hay otra razón de ser de la existencia del Poder Legislativo y la división de poderes: que el Congreso ejerza las funciones de contrapeso y vigilancia. Y aquí es donde las mayorías se vuelven armas de doble filo. Mayorías parlamentarias que confunden su apoyo al Ejecutivo con la permisividad ciega respecto a su actuación y con la subordinación a sus deseos son peligrosas. La vivimos durante seis décadas de hegemonía priista cuando los legisladores abdicaron a su función de vigilar al Ejecutivo y se volvieron su apéndice. Que la de hoy se pueda llamar la “hegemonía democrática” del partido de AMLO, no cambia un ápice las cosas ni exime a los legisladores de cumplir con sus funciones.

La última vez que un partido o coalición tuvo una mayoría similar a la que se inauguró el sábado pasado fue la de 1997 cuando el PRI tuvo por sí solo 239 diputados. Menos de los que hoy tiene Morena (247) y muchos menos que su coalición (307). En el Senado también tiene la mayoría. Una cámara no será contrapeso de la otra.

¿Qué puede hacer el Congreso morenista? Casi todo. Mucho más de lo que hicieron Peña Nieto, PRI-PAN-PRD en 2012 a través del Pacto por México y, sin negociación ni concesiones de por medio. Ya lo dijo Ricardo Monreal: “si no hay acuerdo, ahí sí aplicaremos esa mayoría legítima”.

A esa mayoría parlamentaria construida en las urnas se suma otro factor que juega en favor del próximo Presidente y de su partido. La oposición está muy emproblemada: débil numéricamente, fraccionada y sin visos de acuerdo para formar un bloque opositor. Los partidos que la conforman están peleados a su interior y quedaron enemistados como consecuencia del proceso electoral. Por si fuera poco, la alianza electoral PRI-PVEM se rompió y la del PAN-PRD-MC también. El PAN, segunda fuerza, sólo tiene 16% de la Cámara de Diputados y 19% del Senado.

Ni siquiera en conjunto tendrán la posibilidad de impedir la aprobación de reforma legal alguna. Pero más importante aún, ninguno por sí mismo tiene la posibilidad de frenar nombramientos, vetar reformas constitucionales, llamar a comparecer a secretarios de Estado o interponer acciones de inconstitucionalidad, pues sólo las pueden iniciar fracciones legislativas minoritarias si cuentan con el 33% de senadores o de diputados. Como contrapeso, la oposición está en estado terminal si actúa de manera unificada y muerta si no actúa conjuntamente.

La llamada cuarta transformación requerirá de acciones por parte del Ejecutivo, pero también de una agenda legislativa nutrida que habilite al Presidente. Para empezar a través del presupuesto. Uno de los problemas de los gobiernos sin mayoría es que el presidente puede proponer muchas cosas a través del Plan Nacional de Desarrollo, pero si el Congreso decide no ponerle pesos y centavos a los compromisos asumidos, pues no hay manera de cumplirlos. Este obstáculo no existe para AMLO. Los legisladores aprobarán un presupuesto acorde con los planes del Ejecutivo. Ni siquiera tendrán que negociar el presupuesto con las bancadas de los gobernadores habida cuenta de la sumisión mostrada en Conago, el nombramiento de super-delegados y la hegemonía en la mayoría de los congresos locales.

Su única restricción serán los ingresos. Si no hay dinero para fondear los gastos no hay manera de sufragarlos y López Obrador ha prometido no desequilibrar las finanzas a través de deuda ni subir los impuestos.

Tampoco cabe duda de que los legisladores serán coherentes con el programa de austeridad que López Obrador ha planteado para la administración pública. Todo indica que seguirán sus instrucciones y que los gastos excesivos y privilegios de los que gozan los legisladores se reducirán sensiblemente: subvenciones a grupos parlamentarios, exceso de personal, ajuste de salarios, número de comisiones con sus respectivas prerrogativas … Faltan por ver la transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, adoptarán la agenda legislativa ya propuesta y que pretende dar anclaje normativo a parte de su proyecto: desde la derogación de la Reforma Educativa hasta la tipificación de los delitos de corrupción como delitos graves.

Cuando los dos poderes convergen y hay disciplina de parte del partido del Presidente, no hay excusa que valga para decir: no me dejan gobernar o le han puesto un “freno al cambio”. La porra de Morena el miércoles 29 cuando los legisladores tomaron protesta no deja lugar a duda: “es un honor estar con Obrador”. Pero hay que reflexionar sobre la conveniencia de ciertos cambios y ciertos frenos. No cambiemos ni frenemos la capacidad de supervisión y vigilancia a la que están obligados los legisladores.

Investigadora del CIDE

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