La regularidad moral

He afirmado en otras ocasiones que la única moral pública es y debe ser la ley. Si mis creencias o mi juicio no me permiten interrumpir el embarazo y me parece inmoral hacerlo no debo practicarlo. Si en cambio, la ley lo permite, no puedo obligar a alguien a que no lo haga. Lo mismo ocurre con la mariguana o con la eutanasia. Todos, derechos en los que creo porque no obligan a las personas a adoptarlos, pero sí amplían los derechos fundamentales y habilitan el ejercicio de la libertad.

No hay persona más obligada a que la ley –convertida en moral pública– sea su principal carta de navegación que quien ejerce el poder, y no hay poder mayor que el que ejerce el Presidente de la República.

Esto viene a cuento porque la regularidad moral parece privar no sólo en el discurso de López Obrador, sino en el diseño y operación de sus políticas públicas.

En tres de los grandes problemas nacionales la apelación a la moral es continua y sistemática. El asunto es que las políticas no son de carácter moral, sino de diagnósticos, objetivos y estrategia para fomentar o inhibir ciertas conductas.

La corrupción sistémica no cae en el terreno de la moral, sino de los incentivos. Recae, en primer lugar, en la actuación de las dependencias y poderes encargados de la regulación, la asignación y la vigilancia en el ejercicio de los recursos públicos. Se controla a través de métodos no únicamente punitivos, sino preventivos, como la simplificación de los requisitos regulatorios, la adopción del gobierno electrónico para trámites, pagos o solicitud de servicios y la desaparición de transacciones en efectivo. El Inegi ha insistido una y otra vez en ello. Desgraciadamente, invocando a las virtudes de los funcionarios empresarios y ciudadanos honorables no se va a ningún lado.

Inversión para el crecimiento. Apelar a “que las empresas tengan dimensión social, que como en cualquier negocio se piense en su utilidad razonada, no en el atraco, el robo, el influyentismo para hacer y deshacer” es una buena prédica, pero eso no va a resolver la caída de la inversión pública y privada. Esta última de más de 9 por ciento. A los empresarios se les puede pedir que actúen en el marco de la ley y se les puede castigar por no hacerlo, pero de nada sirve pedirles que abandonen su esencia o el principio de toda inversión que es el mayor retorno posible dentro de las restricciones existentes. A ello hay que dirigir las baterías, a que las restricciones que impone la ley se cumplan, pero también a que la ley garantice las inversiones y no se cambien las reglas del juego a la mitad del partido. La fórmula no es tan complicada: otorga certeza jurídica y condiciones adecuadas para que haya mayor inversión y, al mismo tiempo, impide las utilidades ilícitas que abundan por la impunidad, por el contubernio con las autoridades o, incluso, por la permisividad de algunas leyes.

Estas tres quedan contenidas en la autoconcepción que tiene AMLO de sí mismo: no miento, no robo no traiciono.

En la mañanera del 5 de febrero, López Obrador resaltó los avances en su constitución moral para reforzar valores. No está mal, pero cabe recordar que con la única constitución que se gobierna es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.