Hacer campaña y hacer gobierno

La palabra del candidato importa, pero nunca es equiparable a la del gobernante o a la de quien lo será porque ya fue electo. Los candidatos no tienen poder ni facultades ni autoridad alguna. Pueden decir lo que quieran porque sus promesas no tienen consecuencias más allá del voto. La palabra del gobernante es distinta, porque tiene implicaciones para el presente y el futuro.

Dada la frenética actividad desplegada por AMLO, pareciera que su sexenio ya comenzó. A cuatro meses de que tome posesión, ya tenemos gabinete, agenda legislativa, coordinadores en el Congreso, ternas para la Fiscalía, programa de reorganización de la administración pública, proyectos de infraestructura y equipos de transición. No hay por qué dudar de que va en serio con las políticas que ya ha anunciado, aunque todavía no tenga ni el poder ni las facultades ni la autoridad para ponerlas en marcha.

Tampoco hay que dudar del hecho de que su sexenio dará inicio antes de esos cuatro meses. Comenzará el 1 de septiembre, porque ese día entra en funciones el Congreso que también conquistó en las urnas. Los diputados y senadores morenistas y adláteres pueden hacer aprobar en el pleno las iniciativas que dicte el hoy candidato ganador, muy pronto Presidente electo y después Presidente constitucional.

Entonces, la palabra del hoy cuasi-presidente tendrá consecuencias. Afectará la vida de las personas y modificará las conductas de los actores porque, con la aritmética de sus bancadas, podrá hacer las modificaciones que guste a la organización de la administración pública y, con el poder de la bolsa depositado en el Congreso, podrá reorientar a su entera satisfacción el gasto público.  

Las medidas propuestas no han sido más que enunciadas y se ha creado una percepción de que sólo tendrán efectos positivos porque buscan acabar con los dispendios, privilegios e ineficiencias del gobierno. No es así. Es imperativo analizarlas con toda seriedad porque toda política pública o cambio normativo tiene efectos profundos y duraderos. Vaya a manera de ejemplo el repaso de sólo algunos de los efectos en cascada de las propuestas de descentralizar las secretarías de Estado, recortar la nómina gubernamental y bajar los sueldos de algunos funcionarios. Por decreto, por cambio a la legislación o a través del presupuesto se pueden hacer las tres cosas. Claro, salvo que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie respecto a su inconstitucionalidad.

Los funcionarios públicos de todos los niveles y categorías —mando, base o confianza— tienen créditos hipotecarios. Esos créditos se otorgan a través de organismos del Estado como FOVISSSTE o de la banca privada, pero siempre de acuerdo con la capacidad de pago que está asociada al sueldo.

Los empleados de confianza contratan sus créditos mayoritariamente con la banca comercial. Si se recorta en 70% (más de 188 mil personas) a esa categoría de trabajadores, todos ellos verán mermada o evaporada su capacidad de pago. Si eso ocurre, la banca comercial sufrirá un deterioro porque muchos deudores no podrán seguir pagando. Ahora, supongamos que no nos importa lo que le pase a la banca privada ni a los empleados de confianza, pero sí a los de base y usuarios de FOVISSSTE. Ellos también saldrán afectados. Algunos serán despedidos y a los que ganan más de cierta cantidad se les disminuirá el sueldo. Como deudores, también verán reducida su capacidad de pago, porque el crédito se les otorgó con base en un salario superior. Por su parte, la cartera vencida de FOVISSSTE aumentará gracias a la morosidad forzada de sus derechohabientes poniendo en problemas a la institución.

Asumamos finalmente que no caes en la categoría en la que tu sueldo es recortado o eres despedido, pero sí en la que la Secretaría que te da empleo se traslada a otra entidad federativa y no puedes o no quieres mudarte. Otra vez, pierdes tu empleo y te quedas sin poder pagar el crédito hipotecario. Pero no seamos pesimistas. Admitamos que estás dispuesto a empacar tus cosas y trasladarte a otra ciudad. Si tienes un crédito hipotecario en la CDMX te enfrentas a otro problema: Tienes que rentar tu casa. Pero, pequeño problema, las rentas son menores al pago de la hipoteca. Entonces, mejor vendes. Pero tienes costos notariales y no puedes pagarlos; además, a la ciudad a la que te vas no cuenta con suficiente oferta de vivienda y los precios se encarecen. No te alcanza.

Este pequeño ejemplo da cuenta de que lo que viene es un daño patrimonial no sólo a los “ricos del gobierno”, sino también a la clase media y media baja que nunca ha pertenecido a la mafia del poder. ¿Lo habrán tomado en cuenta?

Ya no estamos en campaña. Pasó el tiempo de las promesas fáciles, populares y políticamente correctas. Ahora es el tiempo de la responsabilidad y de juzgar las medidas por sus méritos. La diferencia es abismal.