2+2 ya no suman 4

La respuesta causó sorpresa entre algunos. A mí me resultó una declaración de rutina. Es el estilo de la casa. Está en el ADN  de la presente administración que nadie entendemos nada, más que ellos. Que nadie tiene datos ciertos más que ellos. Que las críticas son para descarrilar y no para mejorar. Que las propuestas alternativas son conservadoras y no basadas en el conocimiento y la experiencia. Lo peor, no entendemos que las cosas ya son diferentes y lamentan “la pretensión de continuar con la práctica de imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores”. Falta poco para que nos digan que dos más dos ya no son cuatro; que ese simple cálculo ya no está vigente.

Así no hay país que avance.

Distintas organizaciones y reportajes periodísticos ya han publicado los resultados de sus investigaciones sobre la política social y sobre varios de los programas que ha vendido este gobierno como su compromiso para ampliar oportunidades y reducir la pobreza. La mayoría de ellos señala las bajas probabilidades de éxito que tienen para lograr sus objetivos dado el mal diseño y peor operación. Las conclusiones de estas investigaciones señalan: a) los programas no fueron sometidos de inicio, como obliga la ley, a la evaluación de Coneval; b) no parece haber concordancia entre el diagnóstico, el objetivo buscado y los mecanismos para lograrlo; c) los padrones se mantienen en la opacidad; d) la mayoría funciona sin reglas de operación; e) no existe información comprobable de cómo se dispersan los recursos ni del porcentaje de beneficiarios que realmente los están recibiendo; f) el subejercicio de los programas es cuantioso y no se sabe a dónde se destinan los sobrantes programados; la entrega de dinero en efectivo no parece estar resolviendo el de la educación, la falta de empleo, la oportunidad para abrir un negocio, la salud, nada más que el de tener recursos extra.

Ahora no es la sociedad civil, ni la academia ni los think tanks ni los organismos internacionales ni las consultoras ni los medios los que ponen en duda, por no decir en la picota, a los programas sociales.

Ahora lo hace un organismo de Estado que desde la reforma constitucional de 2014 es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que tiene como funciones principales la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social.​​​ Sus conclusiones no son distintas. Su primera evaluación señala las mismas fallas ya detectadas por otros respecto al diseño, operación y mecanismos de corrección de los programas a partir del seguimiento preciso de los resultados y la medición del efecto en las condiciones de vida de los beneficiarios.

Oídos sordos a la experiencia internacional, a la experiencia del pasado en el país, hacia los avances que arroja la ciencia y a los propios órganos de Estado encargados de la materia.

No hay mucho que esperar ante la reacción de las diferentes secretarías o entidades que manejan los programas. Ya lo dijeron: se evaluaron los programas “con una visión claramente ideologizada”.

Además, corren con suerte. Los recortes y las condiciones impuestas por López Obrador a raíz de la pandemia afectarán también a la Auditoría Superior de la Federación. Ésta no consiguió completar el ciclo de rendición de cuentas que tenía que presentar el 30 de junio y en el futuro se verá reducido el número de auditorías. Entre ellas varias de los programas sociales.