¿Adiós a las armas?

118 países exigen medidas puntuales en lo referente al control de municiones y la prevención del desvío de las mismas.

Esta es la semana final de las negociaciones en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas, en la sede de la organización, en Nueva York. Durante la primera semana, la gran mayoría de los Estados participantes hizo un llamado urgente para revisar a fondo el borrador del texto e incluir adiciones, modificaciones y refuerzos indispensables.

En representación de 118 países, el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, instó a una colaboración activa entre los Estados, que posibilite la adopción de un tratado sólido, robusto, con regulaciones efectivas que acoten el comercio internacional de armas convencionales y eviten su desvío hacia el mercado ilegal.

Esas 118 naciones exigen medidas puntuales en lo referente a cuestiones importantes sobre el control de municiones, la prevención del desvío y un lenguaje claro sobre la aplicación de criterios incluyentes para evaluar la autorización de transferencias de armas.

Durante la semana pasada, un gran número de Estados expresó su apoyo decidido a dichas modificaciones, en diversas instancias, a título nacional y en grupos regionales e internacionales. El presidente de la Conferencia, el australiano Peter Woolcott, prometió escuchar a la mayoría dentro de su propuesta de texto.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la Coalición para el Control de Armas, a la que pertenece el Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales (CLAEI), de México; junto con la mayoría de los Estados, encuentran que estas preocupaciones no han sido consideradas adecuadamente en el más reciente borrador del texto del Tratado sobre el Comercio de Armas, presentado por el embajador Woolcott el viernes 22 de marzo.

Particularmente, las municiones y las partes y componentes de las armas, quedan sujetos a controles menos estrictos, dentro de un conjunto limitado de criterios de evaluación de riesgo. Están asimismo exentos de las provisiones sobre tránsito, transbordo, desvío y mantenimiento de registros e informes.

Las prohibiciones sobre la realización de transferencias cuando el exportador está consciente de que las armas serán utilizadas para cometer crímenes de guerra, sólo se aplican a las obligaciones explícitas de los Estados y no al derecho internacional consuetudinario, ni al derecho internacional de los derechos humanos. Esto posibilitaría las transferencias inaceptables a regímenes que utilizan las armas para violar sistemáticamente los derechos humanos.

El concepto de “riesgo preponderante”, cuyo significado no queda claro dentro de los estándares del derecho internacional, permanece como referente para evaluar la autorización de transferencias de armas, pese a que un gran número de Estados pide el reemplazo de este concepto con el menos ambiguo de “riesgo sustancial”.

Subsisten las provisiones inadecuadas para el mantenimiento de registros, informes y transparencia. Esta carencia incluye la falta de provisiones para presentar informes públicos obligatorios sobre las transferencias de armas, un requisito clave para la supervisión, responsabilidad y fomento de la confianza, tanto en el ámbito gubernamental como en el de la sociedad civil.

El empeño de todas las delegaciones, especialmente la de México, para discutir los preocupantes huecos en el borrador, merecen un reconocimiento amplio y explícito. A fin de asegurar que estos esfuerzos se concreten en un tratado sólido y efectivo mañana, 28 de marzo, es fundamental que las preocupaciones expuestas por la mayoría de los Estados, sean resueltas en el texto final.

Existe plena confianza en que México seguirá trabajando con miras a que el Tratado alcance sus objetivos humanitarios. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, reiteró la decisión de alcanzar un resultado satisfactorio.

Un tratado débil que sólo sirva para legitimar las transferencias irresponsables de armas, puede resultar peor que la ausencia de un tratado.

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