La fementida comisión de la verdad
No se requiere demasiada perspicacia para comprender por qué no se han enviado tales restos: el resultado sería positivo y daría paso a la identificación de entre 21 y 41 normalistas, lo que corroboraría la tesis de que en ese basurero se incineraron los restos de varias de las víctimas, tal como lo informó el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Si la denominada Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas quisiera verdaderamente el hallazgo de la verdad en el llamado caso Iguala —la desaparición y seguramente el asesinato de 43 estudiantes normalistas que tuvo lugar hace ya nueve años en esa ciudad—, lo primero que tendría que hacer es exigir que se cumpla la recomendación de la anterior Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, muy especialmente el envío al prestigiado laboratorio de Innsbruck, para su análisis genético, de 114 restos óseos. El resultado permitiría la determinación del destino final de algunos de los normalistas.
La propuesta de ese análisis proviene de un grupo multidisciplinario de alto nivel científico —integrado por expertos en histopatología forense, antropología forense, odontología forense, medicina forense, genética y criminalística— que se formó en la Oficina Especial para el caso Iguala de aquella CNDH. El grupo hizo un muestreo en las instalaciones de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) de más de 63 mil restos óseos recuperados del basurero de Cocula y el río San Juan. Tras el muestreo determinó que esos 114 restos eran susceptibles de análisis genético.
No se requiere demasiada perspicacia para comprender por qué no se han enviado tales restos: el resultado sería positivo y daría paso a la identificación de entre 21 y 41 normalistas, lo que corroboraría la tesis de que en ese basurero se incineraron los restos de varias de las víctimas, tal como lo informó el entonces procurador Jesús Murillo Karam y lo confirmaron los expertos de la Oficina Especial de la todavía autónoma CNDH. Eso daría al traste con la posibilidad de fraguar una verdad alternativa en que se han empeñado no sólo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los representantes de los familiares de los estudiantes.
En el comunicado del 29 de septiembre, la actual CNDH (la CNDH chatarrizada, la caracteriza Carlos Marín) cuestiona, en su afán de desvalorar las confesiones, la aplicación del Protocolo de Estambul —guía elaborada por más de 75 expertos de 15 países para la valoración médica y psicológica de personas posiblemente torturadas— a los acusados. Pero de las 72 quejas presentadas sólo se acreditó tortura en nueve casos. Ni el GIEI ni la representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México aplicaron el Protocolo a quienes se quejaron de tortura. Sólo lo hizo, bajo rigurosos procedimientos a cargo de peritos en medicina y psicología forenses, la todavía autónoma CNDH.
La tortura es inaceptable, pero tanto los acusados que la sufrieron como los que no fueron torturados coincidieron sustancialmente en el relato de lo ocurrido en el basurero de Cocula, concordando su versión con la expuesta detalladamente, por supuesto libre de toda presión, por El Pajarraco a visitadores de aquella CNDH. La Comisión actual no dio a conocer con qué elementos desvalora los protocolos aplicados con todo rigor por la anterior CNDH.
Por otra parte, la sometida CNDH recrimina que en la recomendación se revictimiza a todos los normalistas con el descubrimiento de que en la Normal de Ayotzinapa hay tráfico de drogas y que se señala que algunos normalistas están vinculados con el grupo criminal Los Rojos. Con esa recriminación se nota que, como ella misma lo ha confesado, la actual titular del organismo no ha leído la recomendación, pues allí se precisa que todos los normalistas desaparecidos de nuevo ingreso —sólo uno de ellos no lo era— nada tienen que ver con ningún grupo criminal. Algunos líderes estudiantiles —no los estudiantes de nuevo ingreso— que hicieron presencia en Iguala fueron identificados por los Guerreros Unidos como miembros del grupo antagónico Los Rojos, lo que permite explicar el móvil de los hechos.
Finalmente, la recomendación no elude la actuación de militares. La todavía autónoma CNDH no encontró pruebas de que hayan participado en la desaparición, pero recomendó a la PGR que se investigara su probable colusión con organizaciones criminales.
La investigación de la Oficina Especial de la anterior CNDH fue la más profunda y profesional sobre el caso. La recomendación, que casi nadie ha leído, es de dos mil 177 páginas.