¿Fin a la opacidad ambiental?

En muchas naciones, incluida la nuestra, una constante ha sido la opacidad en materia ambiental, porque muchas de las veces se desconoce la manera en que las autoridades, federales o locales, cierran tratos con particulares.

Un ejemplo, las actividades extractivas. A la larga, por falta de supervisión y violación al marco legal ambiental, terminan por degradar tierras, además de contaminar cuerpos de agua, exterminar formas de vida animal y vegetal, acabar con los medios de sustento y enfermar a las personas.

De ahí la importancia de tener al alcance de la mano toda la información veraz, confiable y oportuna sobre casos que involucren daños ecológicos —por mínimos que sean—, así como de las acciones u omisiones de los gobiernos, porque como sociedad tenemos el derecho a informarnos, a opinar y a actuar para detener la destrucción de nuestro entorno.

El derecho a la información y el acceso a la justicia ambiental son inalienables, punto. Que no se nos olvide.

Es responsabilidad de todos cuidar los recursos naturales, y un derecho el aspirar a un entorno saludable.

Una sociedad madura y consciente es aquella en la que el ciudadano procura que la gestión de los recursos naturales no sea deficiente y pide a las autoridades que rindan cuentas sobre su desempeño y éstas lo hacen sin ‘peros’, porque así lo exige su mandato.

Por ello, resulta de suma importancia que el pasado 27 de septiembre, México y 13 países hayan signado el Acuerdo de Escazú, en el contexto del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y de la Semana del Clima en Nueva York 2018.

Sí, el gobierno mexicano, por medio del canciller Luis Videgaray, firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

¿Por qué es importante este acuerdo único en su tipo?

Porque su objetivo es asegurar que todas las personas ejerzan su derecho humano al acceso a la información ambiental oportuna y confiable.

No sólo eso. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), este tratado “tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos”.

El Acuerdo de Escazú también es un instrumento que contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

No por nada, Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal, indicó que se trata de “un instrumento visionario y sin precedentes, un tratado ambiental de segunda generación porque vincula explícitamente lo ambiental con los derechos humanos”.

Este compromiso del gobierno mexicano ha sido recibido con beneplácito por organismos no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Comunicación y Educación Ambiental y Cultura Ecológica.

Para estas ONG “representa un avance fundamental para nuestro país en lo que se refiere a los derechos de acceso y brinda una herramienta novedosa para la defensa de los derechos humanos de las comunidades originarias… asegura una gobernanza ambiental acorde con los tiempos que estamos viviendo al contar con un mecanismo de protección a personas defensoras del medio ambiente”.

Y solicitan al nuevo gobierno y al Senado ratificar, implementar y armonizar este instrumento internacional con el marco jurídico del país.

No debemos pasar por alto que, tanto en México como en el resto de la región, los defensores ambientales corren riesgos mortales.

De acuerdo con la organización Global Witness, al menos 207 activistas ambientales fueron asesinados en 2017.

Así, 60% de los asesinatos tuvo lugar en América Latina. Brasil registró 57 activistas ambientales asesinados, mientras que en México y Perú aumentaron al pasar de tres a 15, y de dos a ocho, respectivamente.

Con la participación ciudadana se logra una sociedad informada, una que sabe prevenir daños ambientales, echa mano de todos los instrumentos para construir resiliencia y exige garantías para aquellos que luchan por un entorno sano y de respeto para todos los seres vivos.

Tengamos el valor de discutir la importancia del acceso a información ambiental para lograr un país sostenible y de respeto a los derechos humanos.