Corrupción, principal reto para la prosperidad y la recuperación poscovid-19

Por Corin Robertson*
 

“Las autoridades no se venderán, ni negarán,

ni retardarán a ningún hombre la justicia o lo prevendrán

 de usar sus derechos”, artículo XL, Carta Magna (1215)

Así es como por primera vez en la historia legal escrita se incluye la lucha contra la corrupción como parte de la defensa de los derechos de la ciudadanía. Este concepto sigue vigente: hoy hablamos de todas las personas y sus derechos.

En la “vieja normalidad”, estaríamos reuniéndonos presencialmente este 9 de diciembre para conmemorar el Día Internacional Contra la Corrupción. Sin embargo, en tiempos de covid-19, esta semana cerraremos las actividades de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género con la Semana contra la Corrupción y sus actividades virtuales.

La lucha contra la corrupción es clave para asegurar que los derechos humanos se cumplan de forma transparente, incluyente y con base en la rendición de cuentas, al velar por la libertad de expresión, la independencia de los sistemas de investigación y judiciales o por la transparencia en programas sociales.

Los instrumentos anticorrupción tradicionalmente se enfocan en las personas que la ejercen, buscando eliminarla a través de la criminalización, mientras que el enfoque de la protección de los derechos humanos recae en las víctimas o grupos vulnerables.

A partir de la Cumbre Global Anticorrupción en mayo de 2016, los gobiernos participantes acordamos un paquete de medidas para enfrentar el problema y sumar las agendas en miras de un desarrollo global sostenible que reduzca las brechas de desigualdad y vulnerabilidad.

Por medio de nuestro Fondo de Prosperidad hemos incrementado la cooperación con México en temas de anticorrupción, integridad y gobierno abierto. La agenda bilateral es extensa, apoyando diferentes esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales y de la ciudadanía para prevenir, identificar, investigar y combatir la corrupción.

Una de las principales áreas en las que estamos coordinando esfuerzos es la generación de sistemas eficientes de alertadores, en términos de la protección de los derechos humanos de las y los denunciantes y la libertad de expresión por parte de entes investigadoras.

Además, hemos impulsado la generación de plataformas tecnológicas para mejorar los procesos de detección de casos de corrupción, algo que será clave para evitar desvíos de recursos públicos enfocados a programas sociales o medicamentos.

La corrupción es corrosiva para cualquier país: daña sociedades, deteriora el desarrollo económico y amenaza la democracia. También genera un ambiente de desconfianza de las personas hacia sus instituciones e inhibe las inversiones nacionales y extranjeras.

Los desafíos de México son grandes, y reconozco el trabajo del gobierno y la sociedad mexicana en torno a la creación de los sistemas nacionales de anticorrupción y transparencia. Ningún país es inmune a la corrupción: todas y todos debemos poner nuestro granito de arena para construir instituciones y sociedades fuertes y transparentes.

En nuestro papel como país socio y amigo, tenemos la disposición de seguir apoyando a México en sus iniciativas, innovando en el uso de herramientas tecnológicas y velando siempre por la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.

Es responsabilidad de todas y todos velar por el uso correcto de los recursos y fondos públicos, nacionales e internacionales, más en periodos de crisis como los que estamos viviendo actualmente con la pandemia por la covid-19.

Como cada lunes, estoy al pendiente de sus comentarios a través de redes sociales (@UKinMexico y @CorinRobertson), o a través del correo electrónico

london.eye@fcdo.gov.uk

*Embajadora del Reino Unido en México