Revocación de mandato

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados con 328 votos a favor, 153 en contra y sólo 2 abstenciones, la iniciativa para incluir en la Constitución, la figura de revocación del mandato se envía en estos días al Senado. El asunto tiene clara trascendencia para la marcha de la democracia en México, por lo que merece un atento y cuidadoso examen.

La incorporación de la revocación de mandato en la Constitución pretende confirmar una vez más la supremacía del electorado sobre sus representantes en el gobierno. Esta potestad se extiende, conforme a la iniciativa, hasta la destitución del Presidente de la República cuando a juicio de una proporción significativa del electorado, no estuviera cumpliendo su compromiso de hacer valer y defender la Constitución de la República y las leyes que de ella emanen.  

El tema se presenta embozado dentro del muy loable propósito de asegurar que la ciudadanía nunca pierda su capacidad de determinar o de exigir el cumplimiento de sus obligaciones a quienes están en el poder. La comunidad ha de calificar el desempeño de sus servidores y la posibilidad de revocarles su mandato dota a la ciudadanía de un instrumento disciplinario que faltaba.

Caben algunos comentarios sobre esta añeja propuesta particularmente de la izquierda:

1. El proyecto de decreto presentado por el PRD establece que se requerirá al menos el 33% de cualquiera de las dos cámaras o un 3% del electorado nominal, actualmente de 87 millones, es decir de 2.6 millones de electores, que se manifiesten que no están satisfechos con la forma de gobernar del Presidente de la República. Confirmada esta decisión se echarán a andar los engranajes logísticos que corresponden al INE.

La movilización de semejante contingente para dicha consulta es improbable salvo, naturalmente, para los que apoyen intensamente al presidente López Obrador. Es esta la razón por la que es conveniente aprovechar la masiva asistencia ciudadana el día de las elecciones intermedias.

2. Este mecanismo no está diseñado para confirmar. Los que promuevan la revocación de mandato tendrán que explicitar las razones de la descalificación popular que la detona. De ser sincera la intención es paradójico que no sólo sean los partidarios de AMLO los que impulsan la iniciativa, sino que sea el propio Presidente de la República quien puede pedir que se aplique. Este aspecto es incongruente salvo que la finalidad de la revocación del mandato sea la de cosechar apoyos para el que ocupe dicho cargo.

3. En el caso de que la consulta determine que procede la revocación del mandato presidencial es el Congreso el que designaría un Presidente sustituto que gobernaría por el tiempo que falte para terminar el sexenio. No hay intención de que el sustituto convoque a nuevas elecciones.

4. La revocación del mandato injerta un cambio trascendental en la vida de la endeble democracia mexicana. El electorado llevó al poder al titular del cargo por el periodo especificado fijado en la Constitución. El proceso tiene, por el contrario, el objeto de determinar si el Presidente de la República deba “permanecer” en su cargo o ser despedido. Para algunos, “permanencia” invita a entenderla como la prolongación de AMLO en su cargo más allá del sexenio actual. Aunque lo haya negado repetidas veces, sólo los hechos lo aclararán. Lo que no se evitará es la confusión que puede desatarse en la etapa de la designación del sucesor.

5. Por ahora está claro que dada la fuerte presencia de Morena y partidos que lo acompañan, la consulta popular arrojará un resultado más que favorable a la conducción del Presidente de la República. Esto fortalecerá sus programas y alentará las sospechas antes mencionadas.

6. Es necesario que se aquilaten los efectos de elevar la revocación del mandato al nivel de institución constitucional. El mismo rechazo que dio sustancia al proceso revocatorio bien puede originar el que un Presidente sustituto de partido o ideología contraria al del recién reprobado, dedique los siguientes tres años a deshacer cuanto programa en operación le disguste.

7. De tener éxito la revocación de mandato, se abriría una autoinfligida etapa de inestabilidad política en que se repetirían muchos de los temas resueltos en la elección del presidente rechazado. Los nuevos miembros de la Cámara de Diputados, actores de disímbolas corrientes, podrían no encontrar razones para respaldar las iniciativas del Presidente provisional visto sólo como puente al siguiente sexenio.

El saldo neto de todo el ejercicio será una inevitable confusión que nos dará otra razón para seguir aplicando frenos a nuestro desarrollo. De todas las razones, es esta la faceta más delicada. Sobre advertencia no hay engaño.