Plan de desarrollo y el consejo económico y social que lo complementa

En el artículo anterior nos referimos a la falta de un verdadero Plan Nacional de Desarrollo (PND) para México. Faltaba ahondar un poco más en el tema.

El Estado mexicano es responsable de procurar a todos sus habitantes las mejores condiciones posibles para su desarrollo personal. Ante todo, hay que cuidar de la salud de los mexicanos con un servicio nacional que provea atención oportuna y eficaz en clínicas sostenidas con recursos públicos con el abasto puntual de medicinas. Hace pocos días, varios exsecretarios de Salud lamentaron la desaparición del Seguro Popular, que venía operando sin que lo sustituya el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.

La segunda tarea del gobierno es ofrecer educación de alta calidad en sus planteles. El problema que vivimos en esta materia no es sindical, sino de fondo. Se trata de formar ciudadanos conocedores de su potencial y preparados para realizarla. La moral del mexicano emana de la familia, que es donde palpita la cultural nacional y es en la escuela donde el individuo aprende a relacionarse con su comunidad y el mundo.

La producción de alimentos y su acceso para todos es la siguiente prioridad mencionada dentro de un plan integral de desarrollo. Esto implica salarios mínimos que permitan al trabajador adquirir más que la canasta básica. El Estado está pendiente de que haya oportunidades de ocupar un empleo digno y decente como lo mandata la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se cierre la brecha que separa los extremos de las clases económicas. El plan básico de desarrollo también preverá una vivienda digna para todos por medio de las instituciones trilaterales que desde Luis Echeverría existen para satisfacer este derecho constitucional.

En suma, un Plan Nacional de Desarrollo cuyos componentes elementales se enumeran orientará y coordinará las energías de México hacia una meta clara, consensuada y compartida por toda la población. Países con altos niveles de vida, como Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos o Japón han comenzado por crear industrias pesadas, principalmente en aceros, químicos y transporte para poder pasar luego a realizar sus metas nacionales más ambiciosas. Ningún país ha mejorado sustancialmente ni sus condiciones de vida ni su independencia política sin establecer el plan que combinará la acción oficial con su sector productivo.

Desde fines del siglo XIX y principios del XX, México tiene estructuras en algunos sectores como en las industrias pesadas y la química. Hoy contamos con una desorganizada gama de 4 millones de Pymes, que ocupan el 72% del empleo nacional y aportan 52% del ingreso nacional, pero como conjunto nos hemos retrasado en transformar nuestros amplios recursos en prosperidad. La corrupción ha frustrado o impedido muchos proyectos e iniciativas que habrían impulsado avances importantes. La corrupción impune que desde muchas décadas adolecemos sustrajo y sigue mermando fuertes porcentajes, algunos calculan entre 10 o 25%, de la producción. 

La corrupción ha existido a lo largo de la historia en todo tiempo y lugar. La lucha contra ella se libra también en otros países para reducirla a un fenómeno policial o judicialmente manejable. Mientras no acabemos con la corrupción institucionalizada cada programa de actividad agrícola, industrial o de servicios creado para superar los niveles de vida de las mayorías nacerá baldado. Las cifras más recientes del Coneval nos indican que aún estamos lejos de la meta. Somos el decimoquinto exportador del mundo, pero el pueblo sigue pobre.

La razón está en que en la problemática del desarrollo convergen la ausencia de un plan nacional unificador de esfuerzos y la incontenida corrupción impune.

Poner remedio a este doble problema requiere que el Presidente de la República llame a una gran cruzada contra la corrupción y a la unidad nacional frente a los retos que el país encara. Omitirá referencias negativas a administraciones anteriores y despectivas alusiones a sus opositores.

Debe crearse un consejo social y económico, encabezado por el Presidente de la República, formado por los miembros de su gabinete, representantes empresariales y sindicales y de la sociedad civil para examinar acontecimientos nacionales y extranjeros que nos afectan y proponer medidas concretas de respuesta. Esta entidad consultiva de amplia composición ya existe en varios países con resultados que agilizan y fortalecen la acción de la democracia. Para nosotros, su creación es de urgente necesidad, incluso para consensuar el Plan Nacional de Desarrollo que está pendiente.