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Medidas tranquilas que no son de emergencia

Julio Faesler

Julio Faesler

La situación económica mundial empeora a pasos preocupantes. La economía de Estados Unidos se contrajo 3.5% en 2020, su mayor caída desde 1947. El ritmo del comercio internacional se redujo en 2020 y el de la producción arrastra a la baja el nivel de empleo y el ritmo de actividad general.

La pandemia por covid, brotada hace un año, trastornó el fenómeno económico, ya de por sí aletargado, cargándolo con mayor peso. La multiplicación incesante de poblaciones afectadas, muchas debido a la irracionalidad de la terca reticencia popular al uso de máscaras o cubrebocas o a guardar “sanas distancias”, detonó el desastre que a la fecha cobra casi dos millones de vidas en el mundo.

En nuestro país, la pérdida de empleos en el sector formal es ya severa, al menos del 25%. En el área informal es evidente la transición hacia ocupaciones personales o meramente caseras, fiscal o bancariamente indetectables. 

El combate a la pandemia está generando gastos a los gobiernos y  aumentos en sus presupuestos. A finales de 2020, la deuda pública global llegó a 98 por ciento del Producto Interno Bruto. El 84% de los países se ha endeudado a causa de la pandemia por covid. La deuda externa de México aumentará a 63% del PIB, mucho más que el del año 2020, pero gracias a una política fiscal conservadora ahora sin variación, la deuda fiscal de México será sólo del 3-4% en 2021, menos que en 2020, cuando fue de 5.4%. Por eso el FMI comentó que el gobierno de López Obrador sólo otorgó un modesto apoyo fiscal del 0.7% del PIB en 2020, análogo al de Uganda, los más bajos de 97 países.

Es necesario aumentar este magro porcentaje que, correctamente diseñado, es inversión redituable y no gasto a fondo perdido. El gobierno tiene que establecer prioridades y empezar por respaldar con financiamientos de rescate a las empresas establecidas que emplean al grueso de la población formalmente ocupada. Este sector que está severamente afectado por la baja de sus ventas nacionales se encuentra todavía más dañado por la competencia sin restricción de importaciones que se presentan en nuestro mercado a precios muchas veces inferiores al del costo de fabricación mexicana.

Es urgente que la Secretaría de Economía aplique las facultades que le otorga  la Ley de Comercio Exterior para establecer impuestos compensatorios cuando se detectan importaciones que dañan severamente el nivel de empleo de una empresa mexicana. El ejemplo que nos dan países como Estados Unidos o  la India es completamente aplicable a nuestro caso.

En efecto, nuestro socio norteamericano ha decretado impuestos de 35%, o mayores, a la importación de llantas procedentes de China. Esta medida ha sido aprobada por la OMC, como también en su momento lo hizo con las tarifas de 25% a las importaciones de varios países.

No se trata de proteccionismo dirigido a crear ventajas competitivas para industrias nacientes en un país de desarrollo incipiente. Se trata de defender el nivel de empleo al que todo país tiene derecho de ejercer para asegurar niveles de vida armoniosos en su sociedad.

El nuevo presidente de Estados Unidos acaba de firmar el decreto que reafirma la política de defensa de sus empleos siguiendo los antecedentes que le dejan varias administraciones anteriores. La disposición de Joe Biden obliga a toda entidad oficial a comprar productos de fabricación norteamericana y castiga las adquisiciones extranjeras injustificadas. Muchos productos industriales o agrícolas procesados se encuentran bajo esta legislación que reitera muchas anteriores.

Nuestro país también ha impuesto en el pasado tarifas compensatorias en casos específicos cuando fue necesario reaccionar a abusos del socio del TLCAN. Hoy es más urgente que nunca que las autoridades definan su política de defensa del empleo aplicando las facultades legales que ya existen. El programa de apoyo que la secretaría ha dado a conocer es insuficiente ante la emergencia que sufren la industria y la agricultura nacionales ante importaciones dañinas no controladas.

En el elenco de secretarías que han de coordinarse para diseñar y aplicar los planes de reactivación económica, es evidente la ausencia de la de Trabajo y Previsión Social que se requiere para incorporar el sector trabajador al esfuerzo oficial.

No hay tiempo que perder. En estos momentos, en que la pandemia nos limita horas de actividad, es cuando hay que prepararnos para la intensa acción que pronto todos tenderemos que desplegar para responder a los retos de este año.

 

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